El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado de la República el segundo paquete de leyes secundarias como parte de la Reforma al Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer el juicio de amparo, agilizar procesos judiciales y garantizar el acceso a la justicia para todas las personas. Las modificaciones abarcan seis ordenamientos clave: el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Código Fiscal de la Federación.

En conferencia matutina, la mandataria subrayó que el fondo de estos cambios es cumplir con la reforma constitucional y hacer que la justicia sea más rápida y efectiva. “Lo importante es el fondo de estos cambios a las leyes, que es cumplir con la reforma constitucional y hacer que la justicia sea más expedita”, afirmó. También señaló que el amparo es un instrumento jurídico indispensable, pero que no debe ser utilizado para postergar el cumplimiento de obligaciones fiscales. “Ningún juez debe otorgar un amparo a una empresa que evidentemente ha cometido un fraude al erario, el cual es un recurso del pueblo”, puntualizó.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, explicó que las reformas buscan proteger el orden público, modernizar la justicia y homologar delitos que ameritan prisión preventiva, además de incorporar herramientas digitales y establecer plazos claros. Entre los cambios más relevantes se encuentran:

• En el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece un plazo común de cinco días para actuaciones procesales, se incluyen medidas de protección para personas juzgadoras y se incorporan notificaciones digitales.
• En la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se armonizan criterios con el Código Nacional para garantizar la seguridad de operadores judiciales.
• En la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se fija un plazo máximo de seis meses para resolver juicios sumarios y se definen reglas claras para la suspensión de actos administrativos.
• En la Ley de Amparo, se establece un juicio digital con plena validez legal, se precisan los efectos de las sentencias, se regulan las suspensiones provisionales y definitivas, y se fortalece la capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir y detectar operaciones ilícitas.
• En la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Código Fiscal de la Federación, se ajustan disposiciones para garantizar coherencia con los nuevos criterios judiciales.

El coordinador general de política y gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aclaró que estas reformas no restringen el acceso al amparo, sino que lo modernizan para hacerlo más ágil y eficaz. “Se trata de subsanar sin afectar las defensas de los particulares, pero dándole racionalidad a esta defensa para que no se prolongue innecesariamente”, explicó.

Previo a la conferencia, la Presidenta encabezó el izamiento a media asta de la bandera nacional en la Plaza de la Constitución, en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, reafirmando el compromiso del Gobierno con la justicia, la memoria y la transformación institucional.

Con este segundo paquete de leyes, el Gobierno de México avanza en la consolidación de un sistema judicial más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía, en el marco de una reforma que busca garantizar el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial.