Con el respaldo unánime del Pleno, el Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta que reforma el inciso a), de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión, y remitió el proyecto a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su análisis y eventual aprobación. Esta reforma representa un paso decisivo en la lucha contra uno de los delitos que más afecta a las familias mexicanas.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que esta modificación constitucional faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General contra la Extorsión, lo que permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país, y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados. “Es parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y representa un paso firme para combatir uno de los delitos que más afecta a las familias mexicanas”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.
La minuta, enviada por la Cámara de Diputados, deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y fue aprobada con 106 votos a favor, lo que refleja el consenso legislativo en torno a la urgencia de atender este fenómeno delictivo. El dictamen subraya que la disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales ha provocado una fragmentación jurídica que dificulta la procuración de justicia y permite que la delincuencia organizada aproveche vacíos legales para evadir responsabilidades.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que la reforma busca unificar criterios, cerrar antinomias jurídicas y proteger de manera integral a la sociedad, mediante una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno. “La extorsión la padece todo México. Es una sombra letal que sacrifica vidas, invade negocios y no incentiva la actividad económica del país”, señaló.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña Waldenrath, advirtió que la extorsión no es un delito menor ni aislado, sino un flagelo que lacera hogares, instituciones y comunidades completas. “Es una de las principales acciones ilegales que utiliza el crimen organizado para financiar sus actividades ilícitas”, afirmó. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, lo que representa un incremento del 57 por ciento en seis años. Por su parte, el INEGI reportó que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra unidades económicas, con un impacto superior a 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51 por ciento del PIB.
La senadora Karina Ruiz Ruiz, del grupo parlamentario de Morena, subrayó que esta reforma permitirá alcanzar justicia social, implementar acciones de prevención, brindar certeza jurídica y ofrecer respuestas ágiles y coordinadas frente a nuevas formas de extorsión, como la digital. “Con esta reforma, se fortalece la estrategia nacional contra la extorsión y se protege a quienes más lo necesitan”, concluyó.
La iniciativa fue enviada a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, donde continuará su curso constitucional. De ser aprobada, México contará con un marco jurídico homogéneo que permitirá enfrentar con mayor eficacia un delito que ha evolucionado en sus formas, pero que sigue teniendo un impacto profundo en la vida cotidiana de millones de personas.
