En un ejercicio de apertura legislativa, el Senado de la Repúblicaconcluyó las Audiencias Públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo, iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de revisar y fortalecer el acceso a la justicia en México. Durante dos días, especialistas, litigantes, magistradas, académicas y representantes de organizaciones civiles compartieron sus visiones sobre esta figura jurídica fundamental.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, destacó que se privilegió una discusión amplia y plural, con el propósito de incorporar todas las voces en la elaboración del dictamen. “El amparo es la base y pilar del sistema de acceso a la justicia, de la protección de garantías y derechos sociales. Estamos listos para convocar a las comisiones”, afirmó, al señalar que las comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativostrabajarán de manera profunda para reconstruir las virtudes y limitaciones del juicio de amparo, que actualmente está lleno de tecnicismos y resulta poco accesible.

Entre las preocupaciones expresadas, el litigante Alejandro Gutiérrez Muñoz advirtió que la iniciativa limita derechos de impugnación en procedimientos administrativos. Por su parte, Lidia Monsalvo Álvarez, consejera del Colegio y Barra de Abogadas y Abogados, subrayó que la reforma debe garantizar el no retroceso en la protección de derechos humanos y estar en armonía con la Constitución y los tratados internacionales.

Desde el sector empresarial, Ligia Claudia González Lozano, presidenta de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Consejo Coordinador Empresarial, recordó que el amparo está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que su modificación debe respetar los derechos fundamentales. “El interés legítimo y la suspensión deben ser progresivos para agilizar la justicia”, señaló.

La presidenta de la Orden Mexicana del Colegio de la Abogacía, Cristina Vizcaíno Díaz, consideró inaceptable la modificación sobre la ampliación de demanda en amparo directo, al señalar que restringe la protección de las personas y no respeta el artículo 17 constitucional. En el mismo sentido, la magistrada Natalia Téllez Torres Orozco, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, alertó sobre el riesgo de que la ciudadanía pague con sus impuestos las multas que deberían cubrir los funcionarios que incumplen ejecutorias de amparo.

La magistrada de Circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina de la Puente, expresó que la reforma representa un retroceso para las minorías, al modificar el interés legítimo que permite la defensa de derechos colectivos. Propuso un análisis más profundo sobre los causales de procedencia a favor de los justiciables.

Finalmente, el litigante Arturo Gregorio Peña Oropeza sugirió suprimir las palabras “actual” y “directo” en la definición de interés legítimo, para evitar interpretaciones restrictivas, y pidió especificar que el amparo puede ser individual o colectivo, garantizando así el acceso de organizaciones y comunidades.

Con estas aportaciones, el Senado avanza hacia una reforma que busca modernizar el juicio de amparo, hacerlo más accesible, justo y eficaz, y reafirmar su papel como herramienta clave para la defensa de los derechos en México. El proceso legislativo continuará con el análisis técnico y jurídico en comisiones, integrando las propuestas recogidas en este espacio de diálogo plural.