En el marco del Seminario Internacional El delito de ecocidio en América Latina, celebrado en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, académicos, activistas y especialistas coincidieron en la urgencia de reconocer el ecocidio como crimen internacional, dada su creciente impacto en comunidades, ecosistemas y defensores ambientales.

El director del CIALC, Gerardo Torres Salcido, señaló que el ecocidio comparte rasgos con delitos como el genocidio, al provocar desplazamientos forzados, violencia contra defensores del medio ambiente y crímenes asociados al cambio climático. “Estamos interesados en los derechos humanos y en la interrelación entre la sociedad y nuestros ecosistemas, porque ese es un problema creciente en la región”, afirmó.

Desde la organización Stop Ecocidio Internacional, su directora general Jojo Mehta destacó que el siglo XXI ha traído un nuevo consenso: “La naturaleza no es prescindible; dependemos por completo de ella y somos responsables de ella”. En su intervención, subrayó que la ley de ecocidio representa una intervención sistémica capaz de transformar percepciones culturales y frenar la explotación irrestricta de los recursos naturales.

La iniciativa ha ganado impulso en diversas jurisdicciones, y en septiembre de 2024 se presentó una propuesta para enmiendar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con el fin de incluir al ecocidio como delito internacional. “Las intervenciones en este encuentro ayudarán a aclarar el papel pionero que la región puede desempeñar en esta historia de esperanza para la vida en el planeta”, sostuvo Mehta.

La investigadora Eva Leticia Orduña Trujillo, también del CIALC, advirtió que América Latina es la región con más agresiones contra defensores ambientales, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas y criminalización. “Se les estigmatiza como opositores al desarrollo o ‘terroristas’, desacreditando su lucha”, denunció.

Por su parte, Natalia Denise Alonso, integrante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, llamó a construir una definición situada del ecocidio, desde y para las necesidades de la región. “Aunque cada una tiene sus historias, podemos tener problemáticas parecidas”, reflexionó, al destacar la importancia de articular demandas socioambientales con políticas públicas eficaces.

El director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional, Rodrigo Lledó, reconoció que la tipificación del ecocidio avanza lentamente, pero con pasos firmes. “Ha habido proyectos de ley en Bolivia, Brasil, Perú y Argentina; Colombia lo incorporó en su código penal, aunque con una definición más cercana a crimen de lesa humanidad”, explicó. En México, se han presentado iniciativas en 2018, 2020, 2021 y 2023, sin que alguna haya sido aprobada a nivel federal. Sin embargo, Ciudad de México, Jalisco y Chiapas ya lo contemplan en sus códigos penales estatales.

Lledó subrayó que, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún no lo menciona, existen esfuerzos por penalizar conductas que generan daños masivos y duraderos a los ecosistemas, tanto a nivel nacional como internacional.

El seminario concluyó con el llamado a reconocer el ecocidio como una amenaza global, que requiere respuestas jurídicas, políticas y culturales integrales. Desde América Latina, se construye una narrativa de defensa ambiental que busca transformar el derecho internacional y proteger la vida en todas sus formas.