El Senado de la República aprobó las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en una sesión marcada por el debate sobre la protección de derechos fundamentales y la aplicación de justicia fiscal.

La reforma fue avalada en lo general con 83 votos a favor de senadores de Morena, PT y PVEM, y 38 en contra de legisladores del PAN, PRI y MC. En lo particular, el dictamen recibió 81 votos a favor y 31 en contra, y fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, explicó que la minuta deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y fue enriquecida tras audiencias públicas organizadas por las comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, donde participaron 41 especialistas. “El proyecto remitido por la colegisladora no introduce cambios sustanciales al cuerpo del decreto originalmente aprobado por el Senado”, señaló.

Entre las modificaciones destacan ajustes al artículo 128, donde se sustituye el término “interés público” por “disposiciones de orden público”, eliminando ambigüedades que podrían vulnerar el carácter garantista del juicio de amparo. También se suprime la fracción que contemplaba daños de difícil reparación, en armonía con los principios de progresividad y acceso efectivo a la justicia.

En el artículo 129, se precisa que será contrario al interés social continuar con actividades que requieran autorización federal sin contar con ella, suprimiendo referencias a revocaciones o suspensiones, lo que fortalece la claridad jurídica.

Respecto al régimen transitorio, se incorporó un nuevo tercero transitorio que establece cómo se substanciarán los asuntos en trámite al momento de la entrada en vigor del decreto. “Las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos se regirán por la ley vigente al inicio del proceso; las actuaciones posteriores se regirán por el nuevo decreto, sin afectar derechos adquiridos”, detalla el dictamen.

Durante la discusión, el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, presentó una moción suspensiva al considerar que la reforma es regresiva y vulnera el propósito del amparo como instrumento de protección frente a abusos de poder. La moción fue rechazada por votación económica.

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, también de MC, criticó el artículo tercero transitorio, calificándolo como parte de una “ley de desamparo”, mientras que Carolina Viggiano Austria, del PRI, acusó que la reforma busca fortalecer el poder y debilitar el acceso ciudadano a la justicia.

Desde el PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez afirmó que la corrección a la retroactividad fue una simulación, y que la reforma contraviene la Constitución en materia de derechos humanos. En contraste, Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió que no existe retroactividad y que los derechos adquiridos están protegidos. “El amparo debe servir verdaderamente al pueblo y no ser un instrumento de evasión”, sostuvo.

Las reservas presentadas por senadoras del PAN y por el senador Ángel García Yáñez, del PRI, fueron rechazadas. Con esta aprobación, el Senado concluye un proceso legislativo que busca perfeccionar el juicio de amparo, equilibrar la protección de derechos con la eficiencia fiscal, y garantizar que el sistema jurídico responda a las necesidades actuales del país.