Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México presentó un diagnóstico crítico sobre el extinto Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), calificándolo como un mecanismo ineficiente, costoso, burocrático, opaco y corrupto, que no garantizaba una respuesta rápida ni transparente ante emergencias.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el FONDEN fue creado en el periodo neoliberal, en un contexto donde los fideicomisos públicos operaban con opacidad. Para liberar recursos, los gobiernos estatales debían aportar el 50 por ciento, lo que dificultaba la atención inmediata. “El proceso para ejercer los recursos tardaba 42 días hábiles, casi dos meses, y no había transparencia para el ciudadano”, señaló.

Buenrostro detalló que en 2018, año electoral, se destinaron de forma atípica 59 mil 606 millones de pesos, y se emitieron 46 declaratorias extraordinarias por olas de calor, concentrando 427 millones de pesos. Además, cada vez que se usó el FONDEN, se detectaron faltantes de aproximadamente 500 millones de pesos, producto de acciones irregulares en distintos sexenios.

Durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, en 2005, la coordinadora de Protección Civil renunció y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó observaciones por 182 millones de pesos, además de compras a sobreprecio de hasta 375 por ciento en medicamentos y material de curación.

En el sexenio de Felipe Calderón, tras las inundaciones en Veracruz en 2010, la ASF encontró que el gobierno estatal no ejerció ni devolvió 531.7 millones de pesos. En Tabasco, en 2011, el entonces gobernador Andrés Granier usó 215.5 millones de pesos del FONDEN para cubrir déficit financiero. Se detectaron triangulaciones de recursos, pagos no relacionados con desastres y obras canceladas sin reintegrar fondos. Granier fue detenido en 2013 por peculado y evasión fiscal.

Durante el mandato de Enrique Peña Nieto, tras los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, la ASF detectó retrasos de hasta 119 días en el inicio de obras y un sobreejercicio de recursos. En los sismos de septiembre de 2017, se emitieron 18 declaratorias con demoras de hasta 20 días. La SEDATU revisó solo el 35 por ciento de las viviendas afectadas, hubo pagos irregulares por 90 millones de pesos, y en salud, de 132 unidades médicas, solo 28 fueron reconstruidas.

En contraste, Buenrostro destacó que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el FONDEN fue eliminado y el apoyo se entregó directamente a la población, con acciones rápidas y sin intermediarios. “Con el Huracán Otis en 2023 se atendieron a 301 mil 76 personas, con el Huracán John en 2024 a 143 mil 484, y con el Huracán Erick a 59 mil 512”, puntualizó.

Con esta evaluación, el Gobierno de México defiende el modelo de atención directa, como una vía más ágil, transparente y efectiva para responder ante desastres naturales, y reafirma su compromiso con una gestión pública libre de corrupción y centrada en las personas.