El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, presentó adecuaciones al dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de otorgar al Estado un instrumento jurídico eficaz que garantice paz y tranquilidad a la ciudadanía.

Las modificaciones, firmadas también por Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), Reginaldo Sandoval Flores (PT), Ivonne Ortega Pacheco (MC) y otros legisladores de Morena, proponen cambios a los artículos 2, 3, 8, 16, 18, 21, 26 y 43 del dictamen, así como ajustes a diversas disposiciones del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Monreal subrayó que la extorsión es un flagelo social que afecta a comerciantes, transportistas, agricultores y pequeños negocios, y que en el primer semestre de 2025 se registraron casi seis mil denuncias. “Es un cáncer social que se ha incrementado de manera alarmante y preocupante”, afirmó.

Entre los ajustes propuestos:

• El artículo 2 precisa la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.
• El artículo 3 incorpora los principios de interculturalidad e interseccionalidad.
• El artículo 8 fortalece la certeza jurídica sobre la competencia federal y la facultad de atracción.
• Los artículos 16 y 18 sustituyen “firmar un acto jurídico” por “celebrar un acto jurídico” y clarifican la afectación económica a entidades federativas.
• El artículo 21 ajusta el rango de sanción a cinco a doce años de prisión, en lugar de seis a quince.
• El artículo 26 establece que la reparación del daño se realice con recursos provenientes de la extinción de dominio.
• El artículo 43 obliga a las autoridades a implementar campañas permanentes de información y prevención.

Monreal explicó que la reforma constitucional al artículo 73, publicada el 9 de octubre de 2025, facultó al Congreso para expedir esta ley general, con un tipo penal único, sanciones proporcionales y un sistema de cooperación eficaz entre los tres niveles de gobierno, centrado en la víctima.

También propuso reducir las penas para servidores públicos que omitan informar sobre conductas ilícitas relacionadas con la extorsión, pasando de 10–20 años a 5–12 años, mientras que el extorsionador enfrentaría hasta 15 años de prisión. “No se puede aplicar una pena mayor al funcionario que omite frente al que extorsiona directamente”, argumentó.

Finalmente, destacó que los bienes decomisados por extorsión deben destinarse exclusivamente a reparar el daño a las víctimas, y no diluirse en fondos generales. “El propósito es establecer la relación directa entre el decomiso de bienes ilícitos y la justicia material”, concluyó.

Con estas adecuaciones, se busca convertir la ley en un instrumento de política pública operativa, verificable y orientada a resultados, que refuerce la confianza ciudadana en las instituciones y combata de manera integral uno de los delitos más extendidos en el país.