La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República inició el análisis de una iniciativa que propone reconocer el derecho a la consulta previa, libre e informada de las personas con discapacidad, cuando se diseñen o implementen políticas públicas que incidan directamente en su vida. La propuesta fue presentada por la senadora Michel González Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante la sesión, González Márquez explicó que su iniciativa busca reformar los artículos 3º, 73 y 4º Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de que el Estado mexicano escuche, incluya y respete a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. “Todavía enfrentan barreras estructurales y sociales que impiden su participación plena. Esta reforma responde al principio de progresividad de los derechos humanos”, afirmó.

La senadora subrayó que, al igual que ocurre con las comunidades y pueblos indígenas, las personas con discapacidad deben ser consultadas de manera efectiva antes de que se adopten medidas que puedan afectar sus derechos. “Las consultas permitirán conocer mejor sus necesidades y garantizar que las políticas públicas respondan a su realidad”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, respaldó el espíritu de la propuesta y aseguró que existe voluntad política para avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de este sector poblacional. “Todos en la Comisión compartimos la preocupación y la visión de conceder derechos plenos a las personas con discapacidad”, expresó.

La iniciativa se encuentra en etapa de análisis y discusión, y forma parte de un esfuerzo más amplio por armonizar el marco constitucional con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual México es parte.

De avanzar, esta reforma sentaría un precedente importante en la legislación nacional, al garantizar mecanismos de participación directa para un sector históricamente excluido de los procesos de toma de decisiones que afectan su bienestar y desarrollo.