El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma que protege a los sindicatos del sector público frente a cualquier tipo de injerencia por parte de servidores públicos, especialmente en procesos de elección, reelección o destitución de sus directivas. El dictamen, avalado con 102 votos en lo general y 100 en lo particular, fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.

La iniciativa modifica el artículo 69 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y establece un catálogo de 19 conductas que serán consideradas como injerencia sindical y sujetas a sanciones administrativas graves. Entre ellas se incluyen: “amenazar a agremiados para abstenerse de votar por un dirigente, ofrecer beneficios laborales a cambio de apoyo sindical, usar fondos institucionales para favorecer a una planilla, difundir propaganda, permitir el uso de infraestructura pública para actos de campaña, y utilizar el cargo para influir en la opinión y afectar la libertad del voto”.

El senador Miguel Pavel Jarero Velázquez, de Morena, presentó una reserva para mejorar la técnica legislativa del dictamen, que originalmente proponía incluir el catálogo en el artículo 64 Quáter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que esta reforma rompe con décadas de subordinación del sindicalismo al poder político. “Hoy, el Estado mexicano debe ser garante, no interventor de la vida sindical. Con esta medida fortalecemos la legalidad, cerramos espacios a la corrupción y enviamos un mensaje claro de que ninguna autoridad puede usar su posición para intervenir en la voluntad de los trabajadores”, afirmó.

El senador Alfonso Cepeda Salas, presidente de la Comisión de Seguridad Social, subrayó que esta reforma garantiza la autonomía sindical, base para construir un nuevo sistema de pensiones, una política salarial más equitativa y la progresividad del derecho a la seguridad social. “El buen juez por su casa empieza. Esta conquista representa el avance laboral más importante del siglo XXI para este sector”, señaló.

Desde distintas bancadas, senadoras y senadores respaldaron la reforma. Ivideliza Reyes Hernández, del PAN, afirmó que el Senado refrenda su compromiso con una democracia sindical libre de imposiciones. Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, consideró que la autonomía sindical es esencial para el funcionamiento libre de las organizaciones. Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, recordó que solo cinco millones de los 60 millones de trabajadores en México están sindicalizados, lo que evidencia la necesidad de defender la libertad sindical.

Con esta reforma, el Senado envía un mensaje claro: la vida sindical debe estar libre de presiones políticas, y los derechos laborales deben ejercerse con libertad, dignidad y justicia. El proyecto representa un paso decisivo hacia la consolidación de una auténtica autonomía sindical en el servicio público.