Estados Unidos reavivó el debate bilateral al insistir en la posibilidad de intervenir militarmente en México para enfrentar a los cárteles, una medida que altos funcionarios describen como una promesa del presidente Donald Trump “al pueblo americano”. Voceros de la Casa Blanca aseguran que Washington evaluará “acciones adicionales” si consideran insuficiente la cooperación actual.

Entre las voces más firmes se encuentra Stephen Miller, influyente asesor cercano a Trump, quien afirmó que ciertos grupos criminales en México controlan corredores estratégicos y representan una amenaza directa para la seguridad estadounidense. La administración también ha recurrido a designaciones legales que abren la puerta a operaciones más agresivas bajo el argumento de proteger a los ciudadanos de EE UU.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha respondido con contundencia: no habrá tropas extranjeras operando en territorio nacional. La mandataria ha reiterado que México está dispuesto a fortalecer mecanismos de colaboración en inteligencia y tecnología, pero descarta de manera absoluta cualquier despliegue militar dirigido desde el exterior. “Eso no va a ocurrir”, ha subrayado en varias ocasiones.

En un tono más conciliador, el secretario de Estado Marco Rubio señaló que EE UU puede ofrecer equipo, capacitación e intercambio de información, pero descartó operaciones unilaterales. “Si quieren ayuda, tienen que pedirla”, afirmó, asegurando que Washington no enviará fuerzas militares sin solicitud expresa del Gobierno mexicano. La postura de México, por su parte, es clara: la seguridad interior será atendida en el marco de su propia soberanía y bajo esquemas de cooperación respetuosa.