El Senado de México aprobó por unanimidad (110 votos) la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el fin de fortalecer los mecanismos legales contra este ilícito.

Este nuevo marco legal establece un tipo penal único para todo el país e introduce sanciones que van de 15 a 25 años de prisión para el delito básico, con agravantes que elevan la pena hasta 42 años. Los agravantes incluyen casos como extorsión desde centros penitenciarios, violencia física o moral, extorsión a migrantes, uso de información privada y cobro de “derecho de piso” en actividades empresariales entre otras.

La reforma también contempla la persecución de oficio del delito, lo que significa que las autoridades podrán iniciar investigaciones sin necesidad de que haya una denuncia formal de una víctima. Además, el dictamen incluye la obligación de contar con unidades especializadas en el Ministerio Público, policías y analistas capacitados para atender casos de extorsión.

Otro punto relevante es que se prevé la imposibilidad de otorgar beneficios como libertad anticipada, conmutación o sustitución de la pena, salvo en casos muy específicos de colaboración con la justicia. La ley también busca proteger a las víctimas otorgando derechos humanos garantizados durante el proceso.

Con esta legislación, el Senado responde al aumento de la incidencia del delito de extorsión, que ha crecido significativamente en los últimos años, y busca cerrar lagunas legales que permitían su impunidad.