La Comisión de Seguridad Pública del Senado, presidida por la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, aprobó un dictamen que propone incorporar a las atribuciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) la obligación de garantizar la inclusión de personas con discapacidad en los sistemas de alertamiento de fenómenos naturales y geológicos.
El documento señala que este sector de la población debe recibir alertas de emergencia mediante mecanismos visuales y auditivos accesibles en espacios públicos y privados, con el fin de asegurar su derecho a la seguridad y protección ante desastres. “Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México hay aproximadamente 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva. La falta de accesibilidad en los sistemas de alerta temprana representa una vulneración a sus derechos fundamentales”, se detalla en el dictamen.
El proyecto de decreto adiciona disposiciones a la Ley General de Protección Civil y a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con el objetivo de fortalecer la equidad en la protección civil y alinear a México con estándares internacionales en materia de accesibilidad y derechos humanos.
Durante la quinta reunión de trabajo, la Comisión también aprobó reformas al artículo 113 de la Ley General de Salud y al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, que establecen la obligación de desarrollar programas de primeros auxilios para niñas y niños en planteles de educación básica, guarderías, estancias infantiles, espacios recreativos y actividades deportivas. Asimismo, se incluye la capacitación obligatoria en primeros auxilios para el personal que colabore directamente en estos entornos.
“Promover una cultura de prevención de accidentes y dotar al personal que trabaja con la infancia de herramientas prácticas y conocimientos en primeros auxilios es una estrategia fundamental para proteger la salud, la vida y el bienestar de niñas y niños en todo el país”, indica el dictamen.
Con estas medidas, el Senado busca avanzar hacia un sistema de protección civil más inclusivo y preventivo, que garantice seguridad tanto a personas con discapacidad como a la infancia en situaciones de riesgo.


