En sesión de Pleno del 11 de diciembre de 2025, la SCJN emitió resoluciones que fortalecen la protección de derechos fundamentales y la certeza en la vida cotidiana de las personas.

En primer lugar, el Tribunal atendió los casos de dos mujeres de Chihuahua y Ciudad de México a quienes se les condicionó la expedición de pasaportes al retiro del velo islámico o hiyab. La Corte concluyó que la interpretación rígida de la norma vulneró su libertad religiosa y el derecho a no ser discriminadas. “Es posible armonizar la finalidad legítima de seguridad e identificación con la protección de la libertad religiosa”, sostuvo el Pleno, al ordenar que se les expidiera el documento de identidad permitiéndoles conservar el velo, siempre que no cubra el rostro y cumplan con los demás requisitos legales.

En otro asunto, se analizó la responsabilidad de un albergue privado en el fallecimiento de una adulta mayor contagiada de COVID-19. El hijo de la residente demandó por daño moral, alegando negligencia. La Corte determinó que el albergue actuó conforme a la ley al habilitar un área de aislamiento temporal, seguir las indicaciones médicas y avisar oportunamente a la familia. “Habilitar un piso de aislamiento no es un acto inhumano, sino una medida sanitaria razonable para proteger al resto de las personas mayores”, resolvió el Pleno, aclarando las obligaciones de estas instituciones y de las familias en emergencias de salud.

Finalmente, el Tribunal resolvió un amparo sobre el plazo de gracia para renovar marcas previsto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Un solicitante alegaba que este periodo de seis meses era inconstitucional. La Corte concluyó que el plazo es válido y compatible con la Constitución, pues garantiza seguridad jurídica y continuidad en el tráfico comercial. “Quienes renuevan un registro dentro de ese plazo y quienes apenas solicitan una marca nueva no están en la misma situación jurídica”, precisó el Pleno, al confirmar que el derecho previo se mantiene vigente frente a nuevas solicitudes.

La SCJN reafirma que su labor jurisdiccional protege la libertad religiosa, brinda certeza en el cuidado de personas mayores y asegura la estabilidad del sistema registral, consolidando una justicia cercana y efectiva para la ciudadanía.