En la Ciudad de México, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, encabezó la firma del convenio que permitirá vincular el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) con la Base de Datos Nacional de la CURP y el Registro Civil, garantizando trazabilidad y evitando duplicidades. “Este convenio permite avanzar hacia una atención más eficaz y responsable por parte del Estado, al asegurar que cada mujer atendida cuente con un registro único que refleje su trayectoria de atención y las acciones institucionales implementadas”, señaló.

El director general de RENAPO, Félix Arturo Arce Vargas, subrayó la importancia de esta colaboración interinstitucional para garantizar el derecho a la identidad como habilitador de otros derechos, especialmente para mujeres en contextos de violencia.

En representación de la Secretaría de las Mujeres participaron también Juan Jesús Galicia Bravo, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y Patricia Carranza Rodríguez, directora general de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica, quien destacó que el convenio permitirá transformar registros administrativos en evidencia útil para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la protección de datos personales, asegurando que el intercambio de información se realice bajo estrictos criterios de confidencialidad y uso exclusivo para fines institucionales. Entre las acciones concretas se incluyen la validación periódica de registros, la adopción de la CURP como identificador único en los sistemas de la Secretaría de las Mujeres y la coordinación técnica permanente entre ambas instituciones.

Con este convenio, la Secretaría de las Mujeres y RENAPO refrendan su compromiso de fortalecer una política pública basada en información confiable, coordinación institucional y enfoque preventivo, orientada a proteger los derechos de las mujeres y mejorar la respuesta del Estado frente a las violencias de género.