En los últimos años, México ha experimentado cambios legales significativos en favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

Sin embargo, aunque el marco jurídico se ha fortalecido, la implementación efectiva de esos derechos sigue enfrentando grandes obstáculos en la realidad cotidiana, evidenciados por violencia persistente, desigualdad económica y acceso limitado a la justicia.

Reforma constitucional en igualdad sustantiva y vida libre de violencia

En octubre de 2024, el Ejecutivo federal presentó y el Congreso aprobó reformas a diversos artículos de la Constitución con el objetivo de consagrar la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial por género.
Estas modificaciones alcanzan los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 constitucionales y se acompañaron de la creación de la Secretaría de las Mujeres como órgano rector en la materia.

Armonización de 17 leyes federales (enero de 2026)

El 15 de enero de 2026 entró en vigor un decreto que armoniza 17 ordenamientos jurídicos clave —entre ellos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como disposiciones laborales, civiles y de salud— bajo un enfoque de igualdad sustantiva y perspectiva de género.
El objetivo central de este paquete legislativo es traducir el mandato constitucional en obligaciones concretas para las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno.

Logros legales:

• La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia amplió las obligaciones del Estado.
• La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres reforzó la eliminación de prácticas discriminatorias.
• Las reformas en paridad de género consolidaron la representación igualitaria en cargos públicos.

Retos estructurales:

• Violencia de género: en 2025 se registraron 721 feminicidios, aún equivalentes a siete mujeres asesinadas cada día.
• Acceso desigual a la justicia: mujeres indígenas, con discapacidad o en pobreza enfrentan barreras institucionales.
• Institucionalidad frágil: la reconfiguración de la CONAVIM genera incertidumbre sobre las Alertas de Violencia de Género.
• Brecha salarial: las mujeres perciben entre 30 % y 35 % menos ingresos que los hombres.
• Costo de exigir derechos: quienes denuncian enfrentan acoso digital, violencia política y represalias laborales.

Conclusión:
México ha dado pasos relevantes para consolidar un marco jurídico robusto en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva.
No obstante, la efectividad de estos avances depende de su implementación cotidiana, del fortalecimiento institucional y de una transformación cultural que permita ejercer los derechos sin miedo ni represalias.

• Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (texto vigente). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). (2024). Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. Naciones Unidas. https://www.ohchr.org
• Gaceta Parlamentaria. (2026). Decreto por el que se armonizan diversas leyes federales en materia de igualdad sustantiva. https://gaceta.diputados.gob.mx
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). https://www.inegi.org.mx
• Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2025). Información sobre violencia contra las mujeres. https://www.gob.mx/sesnsp