La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió cuatro asuntos relevantes que refuerzan el derecho de propiedad, la certeza en competencia económica y las garantías de debido proceso.

En Veracruz, el Pleno declaró inconstitucional el artículo 16 de la Ley de Inquilinato, que obligaba a los propietarios a proporcionar otra vivienda al inquilino al solicitar la desocupación. La Corte concluyó que esa carga era desproporcionada y afectaba el derecho de propiedad. “El Estado es quien debe garantizar el derecho a la vivienda mediante políticas públicas, no trasladar esa obligación a los particulares”, señaló el Tribunal.

En materia de competencia económica, la SCJN validó los artículos 127 y 130 de la Ley Federal de Competencia Económica, que establecen multas a agentes que incurren en prácticas monopólicas absolutas. El Pleno consideró que calcular las sanciones con base en los ingresos acumulables es razonable y proporcional, pues busca desincentivar conductas que afectan gravemente los mercados.

Respecto a los derechos de las víctimas, la Corte interpretó que el plazo para presentar una querella corre desde que la persona conoce el delito y no desde que se cometió. Con ello, se evita que las víctimas pierdan acceso a la justicia por desconocer inicialmente que fueron afectadas. El caso se originó en un fraude inmobiliario en Puebla, y la Corte ordenó emitir una nueva resolución que garantice sus derechos.

Finalmente, el Pleno determinó que las personas sentenciadas pueden impugnar en amparo una sentencia derivada de apelación promovida por la víctima cuando aleguen falta de defensa adecuada, aun si no apelaron la primera sentencia. “La doble instancia es una garantía fundamental del debido proceso”, enfatizó la Corte al revocar la improcedencia dictada por un tribunal.

La Suprema Corte reafirma su papel como garante de la propiedad privada, la competencia justa, los derechos de las víctimas y el debido proceso, fortaleciendo la protección constitucional en México.