La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida por personas senadoras contra el decreto publicado el 6 de noviembre de 2020, mediante el cual se reformaron y eliminaron diversas disposiciones que dieron lugar a la extinción de varios fondos y fideicomisos. El Pleno concluyó que el proceso legislativo no presentó irregularidades con potencial invalidante y que la decisión del Congreso se sustentó en una motivación suficiente, al tratarse de mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo Federal para el ejercicio de sus atribuciones.

La Corte precisó que, en relación con la Ley Aduanera y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, los efectos del decreto cesaron porque las normas fueron modificadas posteriormente. Asimismo, respecto de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y la Ley de Ciencia y Tecnología, se determinó que fueron abrogadas.

El Pleno explicó que la eliminación de fideicomisos y la modificación de fondos no implican por sí mismas una afectación a derechos fundamentales, sino un cambio en la forma en que el Ejecutivo administra y ejerce los recursos públicos. “En materia de gasto público basta con que las decisiones sean razonables”, señaló la Corte, al considerar que existe una relación adecuada entre la reorganización de los recursos y los objetivos de mejorar la transparencia y el uso eficiente del gasto público.

Finalmente, la SCJN estableció que las medidas de austeridad, como la eliminación de fideicomisos, deben respetar los derechos humanos y el principio de progresividad. Por ello, aunque algunos estaban vinculados con la protección de derechos, el Estado mantiene la obligación de garantizarlos mediante los mecanismos presupuestarios ordinarios.