En la sesión de este miércoles, el Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que limita las jubilaciones y pensiones en entidades públicas, tras recibir el aval de 20 congresos locales. Con ello, se reformó y adicionó el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, poniendo fin a los beneficios extraordinarios que recibían altos exfuncionarios en instituciones como Pemex, CFE, Nafinsa, Bancomext y Luz y Fuerza del Centro.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó que los recursos públicos provienen del esfuerzo cotidiano de millones de trabajadoras y trabajadores. “Cada peso que se recauda representa el esfuerzo de la ciudadanía, y debe administrarse con responsabilidad, honestidad y sentido de justicia”, afirmó. En este contexto, señaló que la reforma busca eliminar privilegios que históricamente beneficiaron a una minoría en detrimento del interés general.

Castillo Juárez destacó que la medida no desconoce el valor del servicio público, sino que lo reivindica. “El verdadero honor de servir al Estado radica en contribuir al bienestar de la nación, no en asegurar beneficios desproporcionados”, expresó. Con la declaratoria, se elimina la disparidad entre pensiones que en algunos casos alcanzaban hasta un millón de pesos mensuales, frente a las que reciben trabajadores en México, de alrededor de siete mil pesos.

La reforma establece que nadie podrá recibir más de la mitad de lo que perciba la jefa o el jefe del Ejecutivo federal, cerrando la puerta a las llamadas pensiones “doradas”. “El presupuesto debe usarse realmente en beneficio del pueblo”, enfatizó la senadora. Tras la declaratoria, el decreto fue remitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación.