El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de evitar la explotación laboral en el campo y garantizar la protección de los ecosistemas forestales. El proyecto fue avalado en lo general con 109 votos a favor y en lo particular con 92 votos a favor y 11 en contra, y fue turnado a la Cámara de Diputados por instrucción de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez.

La reforma al artículo 15 de la Ley de Comercio Exterior permitirá a las autoridades establecer medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de mercancías para impedir la deforestación sin autorización en terrenos forestales. También se prevé que puedan aplicarse medidas similares en casos no contemplados por las normas oficiales mexicanas en materia laboral y de seguridad social, con el fin de proteger los derechos de las y los trabajadores.

En el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para expedir certificaciones laborales, mientras que el nuevo artículo 283 Quater de la Ley Federal del Trabajo establece que la STPS podrá emitir certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, destacó: “Este dictamen plantea algo tan elemental como justo: que el crecimiento del campo vaya acompañado de derechos y que cada producto que México exporta lleve consigo la garantía de que fue producido en condiciones dignas”.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, agregó: “México no puede elegir entre competitividad y derechos, entre exportar más y proteger mejor; el futuro del campo mexicano pasa por articular trabajo decente, sostenibilidad y fortaleza comercial”.

Desde Morena, Sasil de León Villard sostuvo que el sector agroexportador no puede construirse sobre explotación laboral ni destrucción ambiental. Por el PAN, Miguel Márquez Márquez reconoció la justicia social de la medida, aunque pidió mayor precisión en la expedición de certificados. Del PRI, Mely Romero Celis advirtió que sin recursos adicionales para productores, la reforma podría quedarse en “populismo legislativo”.

Por el PT, Lizeth Sánchez García enfatizó que el desarrollo del campo no puede sostenerse en la precariedad laboral ni en el deterioro ambiental. En tanto, Amalia Dolores García Medina (MC) afirmó que las reformas alinean la política comercial de México con estándares internacionales de sostenibilidad y derechos laborales.