En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados emitió el proyecto de declaratoria de aprobación de la reforma al artículo 73 de la Constitución Política, que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de feminicidio, estableciendo como mínimo los tipos penales y sus sanciones.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que tras el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, se declaró reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a). “El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a) en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”, señaló.

La secretaria de la Mesa Directiva, diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), dio cuenta de la recepción y cómputo de 27 votos aprobatorios de las legislaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

El documento deriva de la iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación correspondiente dentro de los 180 días naturalessiguientes a la entrada en vigor de la reforma.

Mientras tanto, las disposiciones federales y locales en materia de feminicidio continuarán vigentes hasta que se emita la nueva ley general. En ella se definirán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas necesarias en las entidades federativas.

La declaratoria representa un paso decisivo hacia la homologación del tipo penal de feminicidio en todo el país, con el objetivo de garantizar acceso a la justicia y reducir la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres.