La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 457 votos, el dictamen que reforma y adiciona la Ley de Migración para establecer el mecanismo de renovación de la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF), precisando su vigencia, movilidad territorial y ampliando el universo de personas beneficiarias. El proyecto fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.

El diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN), promovente de la iniciativa, explicó que las modificaciones aceptadas por el Pleno eliminan la fracción VIII del artículo 18, que facultaba a la Secretaría de Gobernación a definir mediante decreto los ámbitos territoriales de operación de la tarjeta. Asimismo, se ajustó la fracción IV del artículo 52, reduciendo la vigencia de dos años a un año, y se estableció que la TVTF será renovable siempre que la persona acredite la continuidad de la relación laboral y presente su solicitud dentro de los 60 días previos al vencimiento.

El dictamen señala que la tarjeta ha sido un mecanismo útil para la integración laboral de personas migrantes, al ofrecer certeza jurídica a trabajadores y empleadores, y contribuir a prevenir la informalidad, la trata de personas y la explotación laboral. Sin embargo, la ausencia de un mecanismo de renovación generaba cargas administrativas y dejaba a los migrantes en incertidumbre jurídica.

Rodríguez Barroso subrayó que la reforma actualiza la figura de la TVTF y coloca en el centro a la persona trabajadora. “Migrar para trabajar no debería significar incertidumbre ni desprotección, sino la oportunidad de dignidad y certeza jurídica”, afirmó. Añadió que las modificaciones buscan estabilidad para quienes laboran en México, certeza para sus familias y un marco jurídico que fortalezca una migración humana, regular, ordenada y segura.

“México puede construir una política migratoria más humana sin renunciar a la legalidad; podemos ofrecer certeza sin perder sensibilidad”, enfatizó el legislador.

La reforma representa un paso hacia la armonización normativa y la coherencia del sistema jurídico nacional con estándares internacionales, consolidando un marco legal que respalde a los trabajadores fronterizos y evite redundancias o interpretaciones confusas.