Con 290 votos a favor y 114 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivadas de una iniciativa del Ejecutivo. El dictamen establece que la cuantía para la procedencia del recurso de revisión fiscal será de 27 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, en lugar de las 270 mil veces que había planteado la Cámara baja en su primera revisión.

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), recordó que la minuta fue devuelta por el Senado con observaciones y destacó que se aceptaron las modificaciones al artículo 19 para fortalecer el sistema de justicia en línea, permitiendo comparecencias y promociones digitales. “La justicia administrativa debe ser más accesible, más eficiente y acorde con los avances tecnológicos”, señaló.

La diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) afirmó que el dictamen representa “un ajuste técnico necesario” para que los mecanismos de revisión funcionen correctamente y beneficien a la ciudadanía. Subrayó que la reforma optimiza tiempos, incluye el juicio sumario y digitaliza notificaciones.

Por su parte, la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez (PVEM) destacó que la justicia administrativa es esencial para garantizar que la actuación de la autoridad no sea arbitraria y que se protejan tanto los derechos individuales como el interés colectivo en la buena administración de recursos públicos.

El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) sostuvo que la reforma hará más rápido y ordenado el juicio administrativo, sin cerrar la posibilidad de revisión judicial en asuntos relevantes. Añadió que se faculta al Tribunal de Justicia Administrativa para imponer multas por demandas improcedentes y fortalecer el cumplimiento de sentencias.

En contraste, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) advirtió que la reforma “acota los mecanismos de defensa de la gente” y amplía ventajas procesales para la autoridad. El legislador César Israel Damián Retes (PAN) pidió que no se ponga en riesgo la economía de las familias ni el cumplimiento de compromisos internacionales como el Tratado de Libre Comercio.

El dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor, consolidando un marco normativo que busca modernizar la justicia administrativa, equilibrar los medios de impugnación y brindar mayor certeza jurídica a la ciudadanía.