En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios participaron en el apartado de agenda política sobre el tema “Verdad y justicia”, acordado por la Mesa Directiva. Las intervenciones reflejaron posiciones encontradas respecto a las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos y la respuesta institucional que debe darse.

La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez (Morena) sostuvo que la solicitud de Estados Unidos “no cumple con la ley” y subrayó que en su movimiento se confía en la honestidad, pero si alguien se equivoca debe rendir cuentas. Recordó que el artículo 19 constitucional tipifica como delito grave la generación de comprobantes fiscales inexistentes y enfatizó que la 4T llegó con la consigna de acabar con la corrupción y los privilegios.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofino (PAN) advirtió sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras del poder público y señaló que el documento estadounidense contiene acusaciones contra Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. “Exigimos que la Fiscalía General de la República y la de Sinaloa actúen apegados al estricto derecho”, afirmó, pidiendo cooperación internacional.

Por su parte, Reginaldo Sandoval Flores (PT) recalcó que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. “Estamos de acuerdo en que se investigue a quien sea”, dijo, en un contexto que describió como disputa mundial por el poder.

El priista Rubén Ignacio Moreira Valdez alertó sobre el “derrumbe de las instituciones” y un Estado de derecho debilitado. Señaló que la democracia peligra y que la inseguridad y la deuda pública han generado desconfianza de empresas extranjeras hacia México.

Desde Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes afirmó que la soberanía no se defiende con discursos, sino con la ley. “La fiscalía de Nueva York formuló acusaciones que recogen hechos conocidos en Sinaloa y desatendidos durante años”, señaló, criticando la omisión institucional.

El diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya (Morena) aseguró que nadie está por encima ni por debajo de la ley. “No vamos a proteger a ningún delincuente”, dijo, destacando que se han reducido en 45% los homicidios dolosos y que programas sociales han beneficiado a millones de personas.

Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT) llamó a reconocer que el problema es mundial y recordó que México ha tenido la fuerza para oponerse a intervenciones extranjeras. “No es un asunto de Rocha, es un problema mundial”, expresó.

El morenista Joaquín Zebadúa Alva defendió la estrategia de seguridad y la soberanía nacional. “Con todo respeto decimos a nuestro vecino del norte que se están haciendo las cosas con cooperación, sin subordinación”, afirmó.

En la misma línea, María del Rosario Orozco Caballero (Morena) subrayó que la justicia no puede estar sujeta a presiones externas. “México es una nación libre, con instituciones sólidas y un marco jurídico claro”, puntualizó.

Desde el PAN, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela aclaró que las acusaciones contra Rocha provienen de jueces y fiscales independientes en Estados Unidos. “Aquí no hay ningún asunto político, son carpetas llenas de pruebas”, dijo, cuestionando la defensa presidencial.

En la rectificación de hechos participaron la diputada Alma Rosa De la Vega Vargas (Morena), y los diputados Gibrán Ramírez Reyes (MC) y Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI).