La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Uniónuna propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de establecer un mecanismo que impida que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan ser candidatas en futuros procesos electorales. La iniciativa contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE).

En su conferencia matutina, la mandataria explicó: “Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada… ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”. Subrayó que la propuesta respeta la presunción de inocencia, pero permitirá a los partidos políticos contar con información para decidir si registran o no a una persona como candidata.

La iniciativa establece que los partidos entregarán voluntariamente a la Comisión la lista de aspirantes. Esta instancia consultará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes determinarán si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable”. Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de decidir si registran o no la candidatura. En caso de hallarse datos relevantes, las instituciones de seguridad y justicia continuarán con las investigaciones correspondientes.

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la Comisión estará integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años. Su función será servir de vínculo entre partidos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, garantizando la confidencialidad y reserva de la información para no afectar el debido proceso.

El esquema contempla que quienes aspiren a una candidatura deberán manifestar su conformidad para ser evaluados por la Comisión. El proceso se desarrollará bajo estrictas condiciones de confidencialidad, y la información que se obtenga tendrá carácter reservado.