El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó una iniciativa que busca declarar la nulidad de elecciones federales y locales cuando se compruebe la intervención de gobiernos, organismos internacionales, entidades privadas extranjeras o personas físicas y morales con origen fuera del territorio nacional. La propuesta fue recibida por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y turnada a la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados para su análisis.

La iniciativa plantea reformas a los artículos 75 y 78 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, además de adicionar un artículo 78 Ter. En este nuevo marco, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten irregularidades graves derivadas de actos de intervención extranjera que afecten la libertad o autenticidad del sufragio.

Monreal explicó que las elecciones podrán ser anuladas por violaciones graves, dolosas y determinantes, en concordancia con lo previsto en el artículo 41 de la Constitución y el artículo 40 sobre la defensa de la soberanía. Se consideran actos lesivos la injerencia mediante financiamiento ilícito, propaganda, campañas de desinformación digital, presión política, económica o diplomática, así como cualquier acción que busque alterar la voluntad popular. “La preservación de la integridad de los procesos electorales es un requisito indispensable para que el sufragio sea verdaderamente libre y auténtico”, señaló.

La propuesta también contempla que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea la instancia encargada de resolver sobre la actualización de estas causales de nulidad, valorando las pruebas bajo los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad. La nulidad solo podrá declararse cuando las violaciones acreditadas resulten determinantes para el resultado de la elección.

En el régimen transitorio se establece que las disposiciones aplicarán únicamente a los procesos electorales que inicien después de la entrada en vigor del decreto. El INE, los organismos públicos locales y el Tribunal Electoral deberán emitir lineamientos y protocolos para investigar y resolver los casos de nulidad por intervención extranjera. Además, las legislaturas estatales deberán armonizar sus marcos normativos antes del 5 de junio de 2026.

Monreal subrayó que el objetivo es armonizar la legislación con el mandato constitucional de defensa de la soberanía y dotar de certeza jurídica al proceso de impugnación. La iniciativa prevé que, cuando la diferencia entre candidatos sea menor al cinco por ciento, se presuma la determinancia de la injerencia extranjera. “La experiencia internacional demuestra que, cuando se acredita que la voluntad popular ha sido distorsionada por agentes extranjeros, los tribunales deben contar con facultades expresas para declarar la invalidez de los comicios y restablecer el orden democrático”, puntualizó.

Con esta propuesta, se busca que la intervención extranjera sea reconocida como una irregularidad grave y causal expresa de nulidad electoral, reforzando la soberanía nacional y la autenticidad del sufragio.