El diputado Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por la presidenta de la República permitirá simplificar el modelo de elección de jueces y magistrados.

Explicó que la propuesta plantea mover la elección hasta el primer domingo de junio de 2028, en paralelo con la consulta de revocación de mandato presidencial, además de anticipar el calendario para que los comités de evaluación inicien en abril, lo que dará más tiempo para cumplir con sus funciones.

En conferencia de prensa, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República, Ávila Anaya agregó que la iniciativa contempla la creación de una comisión que determinará los requisitos de idoneidad y elegibilidad para que los comités de cada Poder de la Unión puedan realizar su trabajo.

Asimismo, establece la simplificación del proceso electoral mediante una boleta más sencilla, que muestre candidatos y candidatas por cada Poder de la Unión y el área jurídica correspondiente. También se incorpora un examen de conocimientos y la capacitación de juzgadores a través del Tribunal de Justicia Disciplinaria y la Escuela Judicial, además de dos nuevas salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para agilizar la resolución de casos.

“Esto seguramente será dictaminado en los próximos días y será votado por la mayoría de los grupos parlamentarios después del debido proceso legislativo”, manifestó.

De igual manera, se refirió a la iniciativa presidencial para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que busca establecer mecanismos para verificar si candidatos tienen vínculos con la delincuencia organizada. La propuesta plantea crear una Comisión de Verificación e Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros del INE, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera y la CNBV, para detectar riesgos razonables de vínculos con el crimen.

“Cualquiera que quiera ser candidato tendrá como obligatorio manifestar a su partido político la conformidad de ser evaluados, no se violan los datos confidenciales ni la presunción de inocencia y si la autoridad detecta que hay un riesgo razonable, deberá iniciar una investigación ante la Fiscalía General de la República”, explicó.

Subrayó que la decisión final seguirá siendo facultad de los partidos políticos, quienes podrán tomar en cuenta o no la alerta emitida por la comisión. “Es voluntario completamente por parte del partido político si quiere tomar en cuenta este semáforo, esta alerta que está arrojando esta comisión del Instituto Nacional Electoral, o si de plano decide no hacerlo. Esta iniciativa viene, sin duda, a darle voz a un reclamo de muchas mexicanas y mexicanos”, indicó.

Por otra parte, Ávila Anaya sostuvo que Morena insistirá en llevar a juicio político a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, pues existe una confesión de parte sobre la comisión de un delito. Señaló que hubo violaciones a la Ley de Seguridad Nacional al reconocer la operación con agencias internacionales en temas de extradición, facultad exclusiva de la Cancillería.

“Oiga, gobernadora, ¿qué facultades tiene usted para extraditar? ¿De dónde se la sacó? Oiga, gobernadora, ¿qué facultades tiene para que, sin seguir el debido proceso, usted haya dicho abiertamente o confesado que detiene mexicanos a petición de agencias federales norteamericanas? Oiga, gobernadora, ¿no será que lo que está revelando es que está violando la Ley de Seguridad Nacional, el marco jurídico sistemáticamente?”, cuestionó.

Añadió que la narrativa de la gobernadora sobre el combate al narcotráfico es falsa, pues la entidad registra incremento en narcomenudeo, secuestros y percepción de inseguridad. Comparó que el Gobierno Federal ha desmantelado 2,400 narcolaboratorios, mientras que en Chihuahua sólo se reporta uno sin detenidos.

Sobre el caso del senador de Morena Enrique Inzunza y el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, aseguró que “Morena no es tapadera de nadie y si hay responsables de la comisión del delito, sea quien sea, van a pagar”.

Recordó que ya se han detenido altos funcionarios y alcaldes de distintos partidos, lo que demuestra que “nuestro gobierno, a diferencia de los gobiernos del Partido Acción Nacional, no protege a delincuentes, no es tapadera de delincuentes. Nosotros vamos a actuar conforme a derecho”.

Finalmente, se refirió al caso del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y confió en que se le dé trámite a la declaración de procedencia. “Es claro y evidente que es una persona que tiene serias imputaciones, delitos que han sido cometidos en agravio de Campeche. Yo sí creo que debería, rápidamente, funcionar la Sección Instructora”, dijo, al tiempo que llamó a atender el rezago de casos pendientes.