El diputado Arturo Ávila Anaya (Morena) afirmó que el Gobierno de Chihuahua violentó la Constitución Política y la Ley de Seguridad Nacional al incorporar agentes de la CIA en operativos antidrogas, lo que calificó como una acción grave que amerita juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

“María Eugenia Campos no combate a la delincuencia. El Gobierno de Chihuahua no combate al crimen organizado. El Gobierno de Chihuahua no desmantelaba un laboratorio con agentes extranjeros. El Gobierno de Chihuahua violaba flagrantemente la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, expresó en conferencia de prensa junto a legisladores de Morena, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República.

Ávila Anaya citó datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que colocan a Chihuahua como la entidad con más homicidios dolosos, seguida por Guanajuato, ambos gobiernos panistas. “Tan solo estas dos entidades representan el 16 por ciento de la problemática nacional”, señaló.

Recordó que la Fiscalía estatal documentó la pérdida de 48 niñas, niños y adolescentes asesinados en 2025, además de un incremento del 227 por ciento en secuestros en 2023, lo que representa el 27 por ciento de los casos a nivel nacional. En narcomenudeo, Chihuahua ocupa el quinto lugar con más de 5 mil 400 casos al año, y según el ENVIPE 2025, el 71.5 por ciento de la población considera que vive en un estado inseguro.

“Es falso que estaban luchando contra el crimen, porque los datos los desmienten, es falso que no violaron la ley porque ya son confesos, la propia Fiscalía lo ha reconocido, es falso que no son traidores a la patria”, aseveró.

El diputado Gabriel García Hernández (Morena) convocó a la ciudadanía a participar en una marcha el 16 de mayo en la glorieta de Pancho Villa, Chihuahua, bajo la consigna “Por la seguridad de Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional”.

Ávila Anaya también se refirió al caso de Sinaloa, donde aseguró que Morena no protege a nadie: “Si alguien es responsable, que pague. Nosotras y nosotros no protegemos a nadie. Nosotras y nosotros no condecoramos a delincuentes como lo ha hecho el Partido Acción Nacional”.

Explicó que en Sinaloa existe un proceso administrativo de extradición conforme al artículo 11 del tratado correspondiente, mientras que en Chihuahua hubo confesiones de participación de agentes extranjeros en operativos, confirmadas por la propia Fiscalía estatal.

“Los elementos clave de esta declaración son el reconocimiento explícito de una violación flagrante al orden constitucional. Pero más grave aún: la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no es autónoma; depende del Ejecutivo. No es una omisión política, es una omisión jurídica, con una responsabilidad directa de la gobernadora”, concluyó.