La Comisión Permanente del Congreso de la Unión informó que el pasado 22 de mayo envió a la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que plantea reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.

El nuevo órgano tendría como función recibir de los partidos políticos y de las personas aspirantes a candidaturas independientes los listados de quienes busquen postularse a cargos de elección popular, ya sea federales o locales, para someterlos a un análisis de riesgo en coordinación con instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financieras.

La propuesta establece que la entrega de información será voluntaria y que los partidos deberán contar con mecanismos para que las y los aspirantes manifiesten su conformidad de ser evaluados. Con base en los resultados, cada partido decidirá si procede o no el registro de las candidaturas.

La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas estaría integrada por cinco consejeras o consejeros electorales, con un periodo de tres años y presidencia rotativa anual. Se subraya que la información obtenida será estrictamente confidencial y no se hará pública, sino que se notificará únicamente a los partidos o personas solicitantes.

En la exposición de motivos, la iniciativa destaca que se trata de una medida preventiva e innovadora para fortalecer la democracia, consolidar la confianza ciudadana y proteger la integridad de los procesos electorales. “No se busca sustituir funciones ministeriales ni judiciales, sino establecer recursos preventivos y voluntarios de análisis”, señala el documento.

El proyecto también contempla que, si las instancias competentes encuentran información relevante, podrán iniciar o continuar investigaciones conforme a sus atribuciones. Con ello, se pretende dotar a los partidos de herramientas objetivas para tomar decisiones responsables sobre sus postulaciones, incentivar procesos internos más rigurosos y robustecer la legitimidad de los resultados electorales.