En el Pleno de la Cámara de Diputados, legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expresaron sus posturas respecto al dictamen que reforma la Constitución para aplazar la elección judicial prevista en 2027 y celebrarla el primer domingo de junio de 2028, además de establecer que la revocación de mandato coincida con las jornadas electorales federales o locales.

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) explicó que el dictamen integra seis iniciativas y busca no sólo cambiar la fecha, sino mejorar la calidad de los perfiles que participarán en la elección judicial. “Estamos haciendo una propuesta de reforma que busca mejorar la calidad de quienes van a ir a la elección judicial en el 2028”, dijo.

Desde el PAN, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá advirtió que la reforma de 2024 politizó al Poder Judicial, que debe ser técnico y neutral. Su compañero Fernando Torres Graciano insistió en que se requiere una reforma autónoma y con participación ciudadana independiente para seleccionar los mejores perfiles.

Por el PVEM, el diputado Ricardo Astudillo Suárez respaldó la propuesta al señalar que fortalece la legitimidad y confianza social del Poder Judicial. La diputada Ana Erika Santana González destacó la incorporación de mecanismos para ampliar la participación ciudadana y garantizar equidad en la contienda.

En el PT, la diputada Irma Yordana Garay Loredo consideró que la iniciativa representa una transformación profunda y necesaria. “Esta reforma propone reducir el número de candidaturas para garantizar que lleguen a las boletas perfiles verdaderamente preparados”, afirmó. Su compañera Mary Carmen Bernal Martínez defendió el cambio de fecha como una corrección indispensable para mejorar la organización electoral.

El PRI mostró críticas. El diputado César Alejandro Domínguez sostuvo que la iniciativa reconoce el fracaso de la reforma de 2024, pues pospone elecciones sin resolver problemas de fondo. La diputada Nadia Navarro Acevedo señaló que la productividad de la nueva Suprema Corte cayó 40% y que el Tribunal de Disciplina Judicial acumula más de 4,500 quejas contra juzgadores recién electos.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas calificó el aplazamiento como una medida temporal que no resuelve la politización del proceso. La diputada Laura Hernández García afirmó que la reforma no responde a la realidad de un país sediento de justicia, mientras que Irais Virginia Reyes de la Torre criticó que se mantenga la “tómbola” como mecanismo de selección y se obligue a los estados a replicar el modelo federal.

En defensa del dictamen, el diputado Oscar Iván Brito Zapata (Morena) resaltó que simplifica la elección y mejora las boletas. El diputado José Luis Téllez Marín (PT) aseguró que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. Por el contrario, la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (PAN) lo calificó como una confesión de improvisación.

El debate incluyó posturas encontradas: mientras legisladores de Morena, PVEM y PT defendieron la reforma como un perfeccionamiento del modelo judicial, diputados del PAN, PRI y MC la señalaron como insuficiente, improvisada y politizada.