La diputada Laura Ballesteros Mancilla (MC) anunció que su bancada presentará nuevamente una propuesta de reforma judicial enfocada en modificar y reformar a los ministerios públicos y las fiscalías, ante lo que calificó como “la cerrazón por parte del régimen oficialista de no presentar una verdadera reforma judicial que le dé a la gente la anhelada justicia que hoy no tiene”.

Ballesteros explicó que los ministerios públicos están ligados a redes del crimen organizado y enfrentan una tasa de no denuncia del 95 por ciento, mientras que las fiscalías están en su mayoría controladas por partidos políticos. “Es ahí donde está el verdadero problema de justicia”, afirmó.

La legisladora detalló que la propuesta forma parte de un paquete de 10 iniciativas para la paz y la justicia, que incluye una reforma constitucional en materia de investigación del delito, justicia penal y justicia cívica, además de reformas a cuatro leyes: la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la de Coordinación Fiscal, la Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y la Orgánica de la Administración Federal. También contempla la creación de cinco nuevas leyes, entre ellas la Orgánica del Servicio Federal de Investigación Criminal, la General de Justicia Cívica y la Orgánica del Ministerio Público Federal.

Ballesteros criticó que mientras se discuten reformas judiciales enfocadas en la Suprema Corte y los jueces, “afuera hay más de 100 mil personas sin sentencia en las cárceles, más de 130 mil desaparecidos, solo el 15 por ciento de los feminicidios han sido tipificados y procesados, y las cárceles están llenas de jóvenes, mujeres y personas pobres”.

El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) recordó que en noviembre de 2024 el exministro Arturo Zaldívarprometió enviar una reforma para cambiar el modelo de procuración de justicia, pero hasta ahora no se ha cumplido. “Ya vamos en el cuarto periodo de sesiones de esta Legislatura y dos periodos extraordinarios y siguen sin presentarse”, señaló.

Por su parte, el diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) criticó la falta de seriedad del gobierno respecto a la prisión preventiva oficiosa, pues en 2019 se estableció que a los cinco años el Poder Judicial y la FGR debían enviar un informe sobre su funcionamiento, lo cual no ha ocurrido.

Ballesteros añadió que incluso temas como la regulación de cirugías estéticas requieren revisión profunda del marco legal, vinculado a la falta de procuración de justicia y seguridad.

Movimiento Ciudadano busca colocar en el centro del debate legislativo la transformación de las instituciones encargadas de investigar y perseguir delitos, al considerar que ahí radica la raíz de la crisis de justicia en México.