El Pleno del Senado de la República dio inicio al debate de la minuta que propone reformar la Constitución para aplazar la elección del Poder Judicial del 2027 al 2028. Durante la segunda sesión del Periodo Extraordinario, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que esta iniciativa “fortalece y enriquece la anterior reforma judicial”, permitiendo un acercamiento del Poder Judicial al pueblo mexicano.

Cantón destacó que este proceso es “inédito en el mundo y en la historia constitucional de México”, ya que desde 2024 se establecieron las bases para la elección popular de los jueces. Aseguró que el aplazamiento permitirá una mayor claridad y simplificación en los procesos electorales, evitando carga operativa extraordinaria para las autoridades y posibles confusiones para la ciudadanía.

En apoyo a esta propuesta, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, subrayó que la reforma busca un modelo judicial más ordenado. “Aplazar los comicios simplificará boletas y disminuirá candidaturas”, argumentó, resaltando que la democratización del Poder Judicial avanza con este cambio.

El dictamen también incluye ajustes técnicos para garantizar una implementación ordenada y eficiente del sistema electoral judicial, señalando que realizar ambos procesos electorales en 2027 podría resultar en un desafío presupuestal considerable. Con esta reforma, las magistraturas actuales en funciones permanecerán hasta el 2028, coincidiendo con la toma de protesta de los nuevos funcionarios electos.

Sin embargo, la discusión en la Cámara no fue unánime. Ricardo Anaya Cortés, del PAN, criticó la reforma, advirtiendo que contiene elementos para “controlar el Poder Judicial y perseguir a los opositores”. Por su parte, Juanita Guerra Mena, senadora del PVEM, defendió la reforma como un paso necesario para la vida democrática. En contraste, Manuel Añorve Baños, del PRI, expresó su descontento, calificando la reforma de “desaseada” y rechazando el control político sobre la justicia.

La reforma continúa generando opiniones encontradas entre los legisladores, evidenciando los desafíos que enfrenta el sistema judicial en México y la necesidad de asegurar su independencia y funcionalidad. El debate está previsto para continuar en las próximas sesiones del Senado.