La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma que pospone la elección judicial prevista para 2027, trasladándola al primer domingo de junio de 2028. El decreto será remitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

La presidenta de la Mesa Directiva, senadora Laura Itzel Castillo Juárez (Morena), señaló que se cumplió lo establecido en el artículo 135 de la Constitución, tras recibir 25 votos aprobatorios de congresos locales y de la Ciudad de México.

Las legislaturas que respaldaron la reforma fueron las de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

El decreto establece que la revocación de mandato se realizará el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional, coincidiendo con las jornadas electorales federales o locales. Además, el Senado de la República deberá emitir la convocatoria general para integrar el listado de candidaturas a más tardar el 30 de abril del año previo a la elección judicial.

Se crea una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los Comités de Evaluación de cada Poder de la Unión, encargada de verificar requisitos, definir metodologías y reducir las listas de candidatos preliminares de diez a cuatro personas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dividirá cada circuito judicial en distritos para que la ciudadanía elija candidaturas por especialidad. Las boletas distinguirán el Poder postulante y, en su caso, a las personas juzgadoras en funciones.

La reforma también contempla la creación de dos secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la posibilidad de que magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean elegibles para un nuevo periodo en 2028.