El mensaje que pronunció el pasado domingo la presidenta Claudia Sheinbaum fue claro: cualquier acción contra un gobernador, un senador o un alcalde —el caso Rocha Moya incluido— no es justicia, sino “injerencia imperial”.

La lógica de su mensaje invierte las responsabilidades: en vez de exigir transparencia y pruebas a los acusados mexicanos, se criminaliza la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de combate al narco.

La Presidenta no sólo puso en duda la intencionalidad de solicitar detenciones provisionales de Rocha Moya y nueve presuntos cómplices acusados por EU de nexos con Los Chapitos, sino que adjudicó a los gringos intenciones electorales en México. De paso, adelantó que vienen más solicitudes contra presuntos narcopolíticos. Dijo:

“Hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelvan el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. Ese camino de las intervenciones nunca ha dejado justicia y bienestar para los pueblos.”

Sheinbaum matizó su tono antiyanqui en la mañanera del lunes: “Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo”, dijo. Y señaló que “sectores de la ultraderecha” de EU quieren que haya una mala relación con México.

El tono no gustó en Estados Unidos. El embajador Ronald Johnson acusó recibo ayer. En sus redes sociales escribió que la lucha contra los cárteles de la droga debería unir a los dos países en vez de dividirlos.

Advirtió: “Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos.”

El tema se discutió en la agenda política de la sesión de Comisión Permanente, donde se declaró la constitucionalidad de la reforma que aplaza la elección judicial de 2027 a 2028, y la injerencia extranjera como causa de nulidad de elecciones. Los argumentos del oficialismo iban en línea con el discurso de la Presidenta. Uno tras otro acusaban de vendepatrias y entreguistas a los opositores.

“Quién da la espalda, da las nalgas y ustedes ya se las dieron a los países extranjeros”, dijo la diputada morenista Beatriz Andrea Navarro.

El argumento central de los opositores era el caso Rocha Moya, Enrique Inzunza, el general Mérida y la afirmación de la existencia de narcogobiernos de Morena.

La presencia en primera fila de siete ministros de la SCJN a la celebración de dos años del triunfo de la presidenta Sheinbaum es evidencia de que la división de poderes en México desapareció con la elección de juzgadores.

En primera fila estaban Hugo Aguilar, Lenia Batres, Arístides Guerrero, Irving Espinosa, Sara Irene Herrerías, Estela Ríos y Yasmín Esquivel. Uno de ellos, Irving Espinosa, hasta subió un mensaje en su cuenta de X en el que describió el evento partidista como “un ejercicio republicano que reafirma la fortaleza de nuestras instituciones”.

A ninguno le importó mostrarse como aplaudidores del régimen. Los que no hicieron acto de presencia fueron Giovanni Azael Figueroa y Loretta Ortiz.

Agustín Dorantes es senador del PAN. Es también aspirante a la candidatura a gobernador de Querétaro. Su primer desafío es interno: compite con dos fuertes rivales, el alcalde de la capital Felipe Macías y el exalcalde Luis Nava.

“Mis ventajas son que no hay nadie que conozca mejor el estado y sus necesidades en sus distintos rincones”, nos asegura. Dorantes ha sido dos veces secretario de Desarrollo Social; coordinador de la campaña del gobernador Mauricio Kuri; presidente estatal del PAN. Es el único de los tres mencionados que ha ganado una elección estatal: la de senador en 2024.

En esos comicios se alzó con la victoria por más de 100 mil votos sobre el morenista Santiago Nieto, que —dice Dorantes— es el mejor posicionado en las encuestas de cara a las elecciones de gobernador de 2027.

“Eso me da un fuerte argumento para pensar que el año que entra tendría muchas oportunidades para retener la paz y tranquilidad en Querétaro”, señala.

En una charla en sus oficinas de la Cámara alta nos dijo por qué y para qué quiere ser gobernador del estado cuna de la Constitución:

“Son tres cosas. La primera, que Querétaro siga siendo ejemplo del México que puede ser.
La segunda: para que las oportunidades lleguen a todos los rincones del estado.
La tercera: para mantener la paz y la seguridad que hoy vive en nuestro estado, y que es una excepción en el país.”

De los últimos siete gobernadores de ese estado, cinco han salido del Senado: Mauricio Kuri (PAN), Pancho Domínguez (PAN), Pepe Calzada (PRI), Mariano Palacios Alcocer (PRI) y Enrique Burgos (PRI).