El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, afirmó que la elección judicial de 2025 fue un proceso que “llegó a buen puerto”, gracias a las decisiones adoptadas por la máxima autoridad electoral, aunque reconoció que existen áreas de oportunidad para perfeccionar futuros ejercicios.

Durante la conferencia “A buen puerto: El papel del TEPJF en la elección judicial de 2025”, organizada por el IEBC y El Colegio de la Frontera Norte, el magistrado analizó los retos y aprendizajes derivados de la reforma judicial y su implementación. Señaló que el anterior modelo de carrera judicial enfrentó problemas de nepotismo y corrupción que deterioraron la percepción ciudadana: en 2024, el 53 por ciento de la población reprobaba al sistema judicial y en 2025, el 69 por ciento lo consideraba corrupto.

Explicó que la reforma implicó cuatro cambios principales: nuevo régimen de responsabilidades, modificaciones a la integración del Poder Judicial de la Federación, ajustes a los requisitos para ocupar cargos y la incorporación del voto popular para elegir integrantes. Subrayó que la elección popular de la judicatura no debe evaluarse de manera apresurada y que el esquema requiere ajustes para fortalecer su eficacia y legitimidad.

Entre las propuestas para próximas elecciones judiciales, planteó evitar que coincidan con comicios generales, avanzar hacia el sufragio electrónico y el voto anticipado, simplificar boletas, incluir a personas en el extranjero, en prisión preventiva o con discapacidad, y mejorar la organización territorial. También destacó la necesidad de perfeccionar la selección de candidaturas con criterios objetivos, privilegiar experiencia judicial y revisar mecanismos como la insaculación.

En comunicación política, sugirió ampliar espacios de deliberación, revisar reglas de redes sociales, impulsar campañas más cortas y fortalecer la información ciudadana sobre la función judicial.

Finalmente, De la Mata Pizaña enfatizó que el objetivo es consolidar un modelo que combine participación ciudadana, certeza jurídica y acceso a una justicia de calidad.