En una decisión histórica con impacto directo en la vida de miles de mujeres rurales, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, encabezó una reunión clave con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para concretar un convenio que permitirá que 150 mil mujeres campesinas obtengan el reconocimiento legal como propietarias de la tierra. Esto significa que podrán ser registradas como ejidatarias, comuneras, posesionarias o avecindadas, rompiendo con décadas de exclusión agraria basada en una visión patriarcal de la propiedad social.

“Es fundamental que las mujeres sean propietarias de la tierra y, a raíz de eso, generar su autonomía económica”, afirmó Citlalli Hernández, quien ha puesto sobre la mesa un tema largamente relegado por las políticas públicas: el acceso igualitario a la tierra como motor de justicia, dignidad y desarrollo para las mujeres del campo.

La reunión, celebrada el pasado 8 de abril en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres, marca el inicio de la mesa “Mujeres, Agricultura y Tierra”, una estrategia interinstitucional que avanza con firmeza en el compromiso 53 del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, centrado en cerrar las brechas estructurales de género. A este esfuerzo se sumarán también la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Tribunal Superior Agrario, con quienes se firmará próximamente un Convenio de Colaboración orientado a garantizar los derechos agrarios de las mujeres.

El diagnóstico es contundente: más del 70% de los títulos de propiedad agraria pertenecen a hombres, mientras que las mujeres —a pesar de trabajar la tierra, cuidar los cultivos, sostener a sus familias y preservar las tradiciones comunales— siguen siendo invisibles para los sistemas agrarios oficiales. Frente a esta realidad, Citlalli Hernández ha puesto en marcha una transformación estructural: “No hay justicia agraria posible sin mujeres con derechos. El campo mexicano no puede seguir levantándose sobre la desigualdad”, ha sostenido en reiteradas ocasiones.

Durante el evento, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu, también reconoció la urgencia de esta reforma: “Como consecuencia de la cultura machista, las mujeres son las más castigadas. El ejido privilegia a los hombres para otorgarles sus derechos agrarios”. Datos de la dependencia revelan que el 52% del territorio nacional es propiedad social, pero de ese total, sólo el 27% está en manos de mujeres.

Además de la regularización y reconocimiento de derechos, el convenio contempla la distribución masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, un diagnóstico sobre el acceso femenino a la justicia agraria, y la realización de Jornadas de Justicia Agraria, donde se desahogarán juicios y trámites legales pendientes.

La subsecretaria de Igualdad Sustantiva, Elvira Concheiro Bórquez, enfatizó el impacto de fondo de esta iniciativa: “La igualdad a la que aspiramos necesita modificaciones que cambien la situación de la propiedad y la distribución de la riqueza que conlleva”.

La presencia de diversas autoridades durante el encuentro —como Claudia D. Velázquez González, presidenta del Tribunal Superior Agrario; Víctor Suárez Carrera, procurador agrario; y representantes del Registro Agrario Nacional, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Sader— reflejó el amplio respaldo a esta agenda liderada por la Secretaría de las Mujeres.

El mensaje es claro: bajo la dirección de Citlalli Hernández, las mujeres del campo ya no serán observadoras pasivas del reparto agrario. Serán protagonistas, propietarias y defensoras activas de sus tierras. Porque donde hay tierra, hay historia. Y donde hay mujeres con derechos, hay futuro.