Hace 11 días escribimos en este espacio sobre los 252 mil “apoyos sociales” que Morena dispersó mediante Financiera del Bienestar en forma irregular y sin notificar al INE.

El asunto lo hizo público Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a partir de una investigación respaldada en documentos oficiales de la Auditoría Interna de Finabien (otrora Telecomm).

Para entender de qué se trata hay que subrayar que Finabien es un organismo público encargado de facilitar el envío y recepción de remesas, y la inclusión financiera de los más vulnerables.

Les tengo noticias. A raíz de esa publicación fuimos contactados por expertos en análisis de la Auditoría Interna de Finabien.

De entrada, nos dijeron que el tema prioritario no es el uso electoral que se hubiera podido dar a esos recursos —calculados en más de 600 millones de pesos— durante el tiempo que duró el contrato: del 1 de junio de 2022 hasta el 28 de junio de 2024.

No está de más subrayar que el citado contrato se terminó cuatro semanas después de la última elección presidencial.

Los expertos nos pidieron ir al punto 4 del documento del Órgano Interno de Control en Financiera para el Bienestarpublicado por MCCI. A la letra dice:

“No se identificó ninguna acción o protocolo para la atención de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; antiterrorismo; de Instituciones de Tecnología Financiera o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

En otras palabras, no se sabe de dónde vinieron los recursos ni cómo fueron dispersados. “Es lavado de dinero”, aseveraron, sin usar la palabra presunto.

Agregaron: ¿por qué Raquel Buenrostro, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, no ha hecho nada al respecto?

Es una buena pregunta.

MCCI no da tregua a Morena y a sus gobiernos. Ayer publicaron otra investigación cuyo título es: “Incursionó la familia Rocha Moya en el negocio de autos de carreras”.

El documento lo firma Valeria Durán y expone lo siguiente:

“Una empresa en la que participan un hijo y el yerno de Rubén Rocha Moya incursionó en el mercado de combustiblespara autos de carreras al realizar, en un solo día, 17 operaciones de importación con VP Racing Fuels, firma texana especializada en gasolinas y aditivos de alto octanaje”.

Agrega que todas las operaciones se realizaron el 28 de junio de 2024 y que los productos importados no fueron declarados en la aduana como combustibles —que es la especialización de VP Racing Fuels—, sino con una variedad de conceptos que van desde aditivos, químicos diversos, tapas, embudos y calcomanías.

Un claro contrabando de combustibles.

La empresa importadora se denomina Stare It Services SA de CV. Fue creada en junio de 2016 ante un notario del Estado de México.

Ese año se tomó el acuerdo de integrar como administrador único a Ricardo Rocha Ruiz, hijo del gobernador con licencia de Sinaloa, “quien ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico”, afirma MCCI.

En noviembre de 2019, el hijo de Rocha Moya cedió la administración única de la empresa a su cuñado, Jorge Antonio Cano Félix, quien, hasta marzo de 2026, fue subdirector de Tecnologías en Pemex, añade el documento.

MCCI, organización ciudadana que encabeza María Amparo Casar, precisó que en la declaración patrimonial que Cano Félix presentó al dejar su cargo en Pemex, dijo que era piloto profesional de carreras y que por esa actividad cobraba 250 mil pesos al año.

“Además, reportó que su participación en Stare It Services era de 80% y que su principal cliente en ese negocio era la empresa de ropa deportiva Maja Sportswear, de la que recibió ingresos por 5.3 millones de pesos”, puntualiza el documento.

¿Cómo la ve?

Chucho Zambrano, último presidente que tuvo el desaparecido PRD, dice que es falsa la versión de que Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, quiera dejar como sucesora a su esposa Rosy Romero. En otras palabras, no se ha contagiado de la fiebre del nepotismo.

“Está pensando en otra carta que ha estado con él desde la primera administración. Es el director general de Desarrollo Social, Fernando Cravioto. Aunque no se ha desplegado mediáticamente, Giovani está pensando más en él, según mi valoración”, nos dijo Jesús.