La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió la primera entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025, presentada por el auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel. El presidente de la Comisión, Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), destacó que la sociedad exige gobiernos abiertos y transparentes, y subrayó que las reformas recientes permiten iniciar investigaciones de faltas administrativas graves de manera inmediata. “Eso exigía la ciudadanía: respuestas en el momento”, afirmó.

El Programa Anual de Auditorías contempla 2,244 revisiones, incluidas 19 forenses para indagar posibles daños de corrupción. Herrera Borunda informó que ya se han presentado 21 denuncias penales y más de 30 investigaciones especiales.

Desde Morena, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia señaló que esta entrega refleja modificaciones al programa de auditorías y la incorporación de inteligencia artificial, además de medidas para proteger a los auditores en zonas controladas por el crimen organizado.

El panista Héctor Saúl Téllez Hernández pidió auditorías especializadas al Tren Interoceánico y vigilancia estricta en estados como Sinaloa, Tamaulipas y Sonora, ante riesgos de infiltración del narcotráfico en el gasto público.

La diputada Celia Esther Fonseca Galicia (PVEM) sostuvo que una fiscalización moderna fortalece la confianza ciudadana, mientras que el petista Gerardo Olivares Mejía advirtió que la corrupción y el dispendio dañan al pueblo y deben revisarse con imparcialidad.

El priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla pidió una Auditoría libre de intereses partidistas, y el diputado de MC Juan Armando Ruiz Hernández subrayó que los informes representan el derecho de los mexicanos a saber cómo se ejercen sus impuestos. “No solo se revisan números sino decisiones de gobierno que impactan directamente en la vida de millones de personas”, dijo.

El auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel informó que se verificaron 29,736 transferencias de recursos a municipios y alcaldías, logrando recuperar fondos antes de concluir las auditorías. Además, se iniciaron 31 expedientes de investigación, se presentaron 21 denuncias penales por más de 600 millones de pesos y 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves.

Tras cumplir 100 días en el cargo, aseguró que la ASF pasó de una fiscalización fragmentada a una integral, que abarcará el 100% de los recursos otorgados. “Con una fiscalización fuerte, técnica, independiente y cercana a la ciudadanía, un México sin corrupción es posible”, concluyó.