Quince años pueden parecer mucho tiempo para un instrumento internacional. Sin embargo, en el caso de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el paso de los años ha confirmado su vigencia. Lejos de perder relevancia, hoy forman parte de una conversación global sobre cómo construir economías más competitivas, responsables y sostenibles.
Aprobados por consenso en 2011, los Principios Rectores marcaron un antes y un después. Hasta ese momento, la protección de los derechos humanos se entendía principalmente como una responsabilidad de los Estados. Su principal aportación fue reconocer que las empresas también tienen un papel fundamental. No porque sustituyan al Estado, sino porque sus decisiones, operaciones y relaciones comerciales pueden generar impactos positivos o negativos en la vida de las personas.
Su propuesta es clara y continúa siendo vigente. Los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos; las empresas tienen la responsabilidad de respetarlos; y cuando ocurre una afectación, deben existir mecanismos efectivos para remediarla. Estos tres pilares —proteger, respetar y remediar— siguen siendo la base del marco internacional sobre empresas y derechos humanos.
La importancia de los Principios Rectores no radica únicamente en su contenido, sino en el cambio de enfoque que impulsaron. Demostraron que el respeto a los derechos humanos no debe verse como un obstáculo para el desarrollo económico, sino como una condición para que ese desarrollo sea sostenible. Hoy resulta cada vez más evidente que prevenir conflictos sociales, fortalecer el diálogo con las comunidades, proteger los derechos laborales y promover cadenas de suministro responsables también genera mayor confianza, estabilidad y competitividad.
En estos quince años el mundo ha cambiado significativamente. Los consumidores demandan mayor transparencia, los inversionistas consideran factores ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones, y las cadenas globales de suministro exigen estándares cada vez más altos a quienes participan en ellas. En ese contexto, los Principios Rectores dejaron de ser únicamente una referencia para especialistas y se convirtieron en una guía para la gestión empresarial y para el diseño de políticas públicas.
México no es ajeno a esta transformación. Nuestro país participa activamente en cadenas globales de valor, mantiene una intensa actividad exportadora y cuenta con un sector empresarial cada vez más consciente de que la competitividad también depende de generar confianza y certeza. Al mismo tiempo, enfrenta desafíos importantes para prevenir conflictos, fortalecer el diálogo entre actores y garantizar que el desarrollo económico vaya acompañado del respeto a los derechos humanos.
Es precisamente en este contexto donde cobra relevancia la construcción de una Política Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Su propósito no es reemplazar las leyes existentes ni imponer nuevas cargas por sí misma. Su valor consiste en ofrecer una hoja de ruta que permita articular los esfuerzos del Estado, orientar la actuación de las instituciones públicas y brindar mayor claridad a las empresas sobre cómo incorporar el respeto a los derechos humanos en sus actividades.
Una Política Nacional también permite reconocer que no todas las empresas enfrentan las mismas condiciones. México está conformado, en su gran mayoría, por micro, pequeñas y medianas empresas que requieren herramientas prácticas, capacitación y acompañamiento para integrar esta agenda de manera gradual y acorde con su realidad. Un enfoque diferenciado no significa disminuir la importancia de los derechos humanos; significa generar condiciones para que más empresas puedan hacerlos parte de su forma de operar.
Por ello, el aniversario número quince de los Principios Rectores representa mucho más que una fecha conmemorativa. Es una oportunidad para reflexionar sobre lo alcanzado, reconocer los desafíos que permanecen y fortalecer una agenda que hoy resulta estratégica para el desarrollo del país.
La construcción de la Política Nacional llega en un momento oportuno. Permite traducir un referente internacional en acciones concretas para México, fortalecer la coordinación entre instituciones, impulsar una cultura de prevención y promover un entorno donde la competitividad empresarial y el respeto a los derechos humanos no se entiendan como objetivos opuestos, sino como elementos que se fortalecen mutuamente.
Quince años después, el desafío ya no consiste en explicar por qué las empresas y los derechos humanos deben dialogar. Ese consenso existe y continúa fortaleciéndose. El verdadero reto es lograr que ese compromiso se refleje en decisiones cotidianas, políticas públicas eficaces y prácticas empresariales que generen valor económico, confianza social y desarrollo sostenible para todas las personas.
