La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo, al concluir que se apartaban del modelo constitucional federal. Entre ellas, artículos que otorgaban facultades indebidas al Pleno del Tribunal Superior de Justicia local, como definir la integración de Salas o la duración de magistraturas, así como normas sobre la designación de órganos internos. El Pleno también anuló el esquema de nombramiento y ratificación de la magistratura especializada en adolescentes, al considerar que debía sujetarse a elección ciudadana directa. (Acción de Inconstitucionalidad 99/2025 y acumulada 100/2025).

En otro fallo, la Corte confirmó que la fiscalización de recursos federales transferidos a municipios corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Con ello, declaró inválidos actos de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero que pretendían revisar directamente recursos del FAISMUN en la Cuenta Pública 2023 del municipio de Acapulco de Juárez. El Pleno precisó que las entidades estatales pueden colaborar en la fiscalización, pero no sustituir las facultades reservadas al orden federal. (Controversia Constitucional 174/2025).

Las resoluciones refuerzan el modelo constitucional del Poder Judicial y garantizan que la fiscalización de recursos federales se mantenga en manos de la ASF.