La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el tipo administrativo de abuso de funcionesprevisto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. El caso se originó en un procedimiento contra un exdirector del Instituto de Vivienda, sancionado con inhabilitación por 10 años y reparación del daño. El Pleno sostuvo que la expresión “perjuicio al servicio público” es válida y debe analizarse caso por caso, atendiendo a las funciones y obligaciones propias del cargo. “El destinatario del artículo impugnado no es cualquier persona, sino exclusivamente servidores públicos, quienes deben conocer los ordenamientos que regulan su actuación”, precisó la Corte.

En otro asunto, la SCJN declaró inconstitucional el impuesto ambiental de Nuevo León sobre materiales pétreos, al concluir que invade facultades exclusivas de la Federación en materia minera. El gravamen, previsto en la Ley de Hacienda estatal, fue impugnado por una empresa productora de yeso. El Pleno determinó que la extracción y explotación de estos materiales está directamente vinculada con la minería, regulada de manera exclusiva por el Congreso de la Unión. “Cuando un impuesto local grava la remoción de materiales en el contexto de actividades mineras, incide en una materia reservada al Congreso”, señaló el Tribunal.

Las resoluciones fueron adoptadas en el Amparo Directo en Revisión 2755/2024 y el Amparo en Revisión 592/2025, ambos resueltos en sesión de Pleno el 8 de julio de 2026.