La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las autoridades de las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias de prevención, atención e investigación del delito de extorsión, ante el incremento sostenido de denuncias en los últimos años.

De acuerdo con el documento, las denuncias pasaron de 8 mil 734 en 2019 a 11 mil 081 en 2025, cifra récord en la última década. Se advierte que la llamada “cifra negra” es considerablemente elevada por el miedo de las víctimas a represalias y la percepción de impunidad.

El impacto económico afecta especialmente a las Mipymes, que en muchos casos se ven obligadas a cerrar o desplazarse a la informalidad ante las presiones de grupos criminales. La extorsión, además de vulnerar la libertad y el patrimonio de las víctimas, erosiona el Estado de derecho, inhibe la inversión y constituye un mecanismo de control territorial con consecuencias graves para la actividad económica y la convivencia democrática.

El dictamen subraya que fortalecer las estrategias de prevención y combate a la extorsión, con pleno respeto a los derechos de las víctimas, responde a una exigencia legítima de la sociedad y a una obligación constitucional del Estado mexicano.