Foto: Dirección General de Comunicación Social Secretaría de las Mujeres
La Secretaría de las Mujeres presentó la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca homologar el tipo penal en todo el país y garantizar cero impunidad frente a este delito.
El nuevo marco legal contempla:
Tipo penal homologado con 10 razones de género, como violencia sexual, antecedentes de violencia, estereotipos y desigualdad de poder.
Penas de 50 a 70 años de prisión, con 19 agravantes que aumentan la sanción, incluyendo casos en que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, embarazada, con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
Derechos de las víctimas: acceso a la verdad, asistencia jurídica gratuita, atención médica y psicológica de urgencia, restitución digna del cuerpo y acompañamiento integral.
Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por feminicidio, para garantizar políticas de bienestar y protección.
Imprescriptibilidad del delito y prohibición de criterios de oportunidad, amnistías, conmutación de penas o libertades condicionadas.
Pérdida de derechos sucesorios, patria potestad, tutela y custodia, además de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, subrayó que la iniciativa coloca en el centro los derechos de las víctimas directas e indirectas y protege la dignidad frente a la difusión de contenidos violentos. “Una cosa es informar y otra hacer apología de la violencia con imágenes que degradan la dignidad de las víctimas y sus familias”, afirmó.
La propuesta se articulará mediante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con apoyo de los Centros LIBRE, Centros de Justicia para las Mujeres, Espacios de Refugio Especializados, la Línea de las Mujeres 079 y la Red de Abogadas de las Mujeres.
Con esta iniciativa, el Gobierno Federal busca garantizar que ninguna víctima ni sus familias enfrenten solas las consecuencias de la violencia feminicida, consolidando un modelo de justicia integral y de bienestar social.

