El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Sedena implementen protocolos integrales para prevenir y erradicar el reclutamiento de menores por parte de la delincuencia organizada.

La propuesta plantea sistemas de identificación y alerta temprana en comunidades, escuelas y entornos digitales; protocolos homologados para autoridades de seguridad, justicia, educación y salud; medidas de protección y restitución de derechos para víctimas; y estrategias de desarticulación de redes de reclutamiento mediante inteligencia e investigación penal.

El financiamiento provendría de recursos obtenidos por extinción de dominio y decomiso de bienes vinculados al crimen organizado. Además, todas las autoridades federales, estatales y municipales tendrían la obligación de prevenir y sancionar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa advierte que este fenómeno constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, pues expone a miles de menores a violencia y marginación. Según la REDIM y UNICEF, al menos 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados en México. Entre 2023 y 2024, los adolescentes privados de la libertad por delitos asociados al crimen organizado aumentaron 20.6%, pasando de 899 a mil 84 casos, de acuerdo con el INEGI.

“Un lugar en la sociedad debe ganarse con oportunidades y derechos, nunca mediante la coacción del crimen”, subrayó Bolaños-Cacho al presentar la propuesta.