Han cerrado filas los directores de los centros de investigación, facultades y escuelas de la UNAM en torno al rector, Leonardo Lomelí Vanegas, en el deslinde de responsabilidades por el fiasco en la aplicación del examen en línea a los alumnos de primer ingreso de licenciatura.

El discurso dominante trata de señalar a los aspirantes como proclives al fraude, más que reconocer las fallas en la organización de la prueba. La pertinencia de la modalidad y la selección de proveedor del software son decisiones exclusivas de la Dirección General de Asuntos Escolares, que depende directamente de la Secretaría General de la Máxima Casa de Estudios.

Los exámenes fueron aplicados entre el 23 de mayo y el 10 de junio. Para entonces, las autoridades universitarias ya tenían noción de la magnitud del fracaso. Y en la etapa de calificación —del 10 al 17 de ese mismo mes— corroboraron las anomalías y entonces pudieron evitar esta crisis de credibilidad, pero no interrumpieron sus vacaciones. A dos semanas del inicio del ciclo escolar 2026-2027-1, su margen de maniobra es casi nulo.

¿Deben renunciar los funcionarios titulares de esas dependencias? Hasta que la comisión de expertos emita su resolución, nada. Por ahora todo depende de su compromiso ético y moral. En la revisión de lo acontecido hay un evento determinante: la publicación de los resultados y el envío de la carta de admisión. Si estas acciones ocurrieron aún a sabiendas de que había “atipicidades”, el error se agrava.

En juego, el futuro de 150,000 jóvenes por las omisiones de una burocracia ensoberbecida y torpe. En un cuarto de siglo, la UNAM no había presentado un conflicto de estas dimensiones. La credibilidad de la Rectoría ha sufrido un daño casi irreparable.

La comisión de expertos podrá identificar áreas de mejora, pero no decidir sobre la revocación de resultados o repetición del examen. El rector y la secretaría general, Patricia Dávila, tendrán que asumir la responsabilidad de una decisión trascendental y explicar la pertinencia de optar por la modalidad electrónica.

De manera presencial, todos los aspirantes están en la misma circunstancia, con preguntas distintas pero del mismo nivel de dificultad y el mismo instrumento: lápiz y goma. Hace no mucho, las autoridades habilitaron la forma de que los aspirantes invidentes pudieran responder acompañados de una persona bajo vigilancia administrativa.

La efectividad del examen a distancia era proporcional a la calidad de la computadora, cámara y conexión wifi. Las desigualdades de acceso se sobreponen a quienes argumentan intentos fraudulentos o abuso de Inteligencia Artificial.

Efectos secundarios

CUESTIONAMIENTOS. Grupo Trafalgar concretó la compra y toma de control de Tenedora CI, vinculada a CIBanco, a pesar de la resolución judicial del 27 de marzo que prohibía vender o transmitir la participación accionaria. La operación, aprobada por la CNBV el 29 de abril, se consumó mediante un esquema de capitalización por 115,090 millones de pesos, aprobado en la asamblea del 26 de junio, que diluyó al 50% la participación de Tenedora CI y dejó a ambas partes como socias. No obstante, la autoridad judicial había ordenado notificar al regulador sobre las restricciones dictadas como medida cautelar.