Cómo estará la opacidad del régimen en la entrega de la obra pública a los empresarios amigos, que el sector más ideologizado de la 4T ya empezó a exigir que el gobierno federal haga licitaciones y concursos entre proveedores.

De los contratos emitidos por el gobierno, el 80 por ciento es entregado mediante adjudicación directa. Es de locos, porque son ocho de cada 10 proyectos y convenios, cubiertos con el dinero de quienes pagan impuestos. Esta inercia permanece desde 2018.

El periódico La Jornada, órgano histórico del grupo político que está en el poder desde 2018, escribió en su editorial del miércoles: “Para alcanzar una mayor transparencia es menester que el gobierno federal haga licitaciones y concursos entre proveedores”.

Esto de servirle con la cuchara grande a empresarios aliados, creció con la cancelación de organismos autónomos de transparencia y regulación (INAI, Compranet) para crear la “Transparencia del Pueblo”, dirigida sin apelaciones por el Poder Ejecutivo.

Es cierto que la Constitución permite excepciones reguladas por ley secundaria para adjudicaciones directas o concursos sin concurso abierto. Pero son eso: excepciones. En rigor, la Constitución establece la licitación pública como la regla general.

Las licitaciones sin concurso son excepciones reguladas por ley, para montos menores, urgencia o casos fortuitos, siempre que se respeten los principios de eficiencia y honradez. Sin embargo, la 4T hace al revés: su regla general es no licitar.

Esto permite a Morena entregar a dedo contratos cada vez más grandes y jugosos de obras que son de todos los mexicanos, a las empresas de su elección interesada: así ocurrió el AIFA, Tren Maya, Dos Bocas, Tren Transístmico, Megafarmacia.

Solo de enero a agosto de 2025, fueron otorgados a dedo 52 mil 301 de los 75 mil 717 contratos entregados por el gobierno morenista, que concede a empresarios de su elección personal, el 69% de la obra pública de la nación.

Las dependencias con mayor índice de adjudicación directa son Birmex, Salud, Diconsa, el Ejército y la Secretaría de Marina, que ha llegado a adjudicar de forma directa 90% de sus recursos anuales destinados a contrataciones.

Veamos los desgloses realizados por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO):

• La Marina. Adjudica de forma directa, o por invitación restringida, más del 90% de sus recursos anuales destinados a contrataciones.

• Diconsa. Decide sin concurso público sus compras, con el criterio de que sus suministros son en zonas vulnerables.

• La SEDENA. Llega a realizar licitaciones, pero la mayoría de sus megaproyectos son por compras directas, bajo el manto difícil de discutir de “la seguridad nacional”, “causas de fuerza mayor” o “urgencia”.

Morena decide por voluntad propia qué hacer con el dinero de quienes pagan impuestos.

Y sin transparencia alguna.