La 4T empieza a vivir la soledad de estar sola en la región. Solo le queda un aliado en el poder democrático: Lula en Brasil, pero las encuestas muestran que perdería la segunda vuelta, el 25 de octubre.

Hoy entrega el poder Gustavo Petro en Colombia, donde el camino que le espera es la cárcel, porque enfrenta múltiples investigaciones legales y denuncias penales formales, por narco, corrupción y financiamiento ilegal. EU también lo busca.

Los otros aliados en el poder se aferran sin hacer elecciones: Raúl Castro en Cuba, bajo orden de captura de EU; y Daniel Ortega, entre el repudio mundial por cancelar la democracia, porque le dio la gana, y punto.

¿Los otros aliados? Pues están presos, o los están buscando para encarcelarlos. El caso más reciente es la orden de captura emitida por Bolivia contra Evo Morales, por abuso de menores, alzamiento armado y terrorismo, aunque todavía sin Ficha Roja de la Interpol.

Ahí están: Maduro, preso en EU por narcoterrorismo; Cristina Kirchner, presa en Argentina por corrupción; Pedro Castillo, preso en Perú por intentar disolver el Congreso; Rafael Correa, prófugo de Ecuador con condena de ocho años por cohecho.

Además: Jorge Glas, ex vicepresidente de Correa, preso en Ecuador por corrupción; y Betssy Chávez, ex primera ministra de Castillo, presa en Perú por el fallido autogolpe de 2022.

Los compromisos de la 4T con estos personajes fueron tan sólidos que llevaron al gobierno de México a romper relaciones con Ecuador y a la expulsión mutua de embajadores con Perú y Bolivia, tras los casos de Glas, Evo Morales, Castillo y Betssy Chávez.

El destino judicial de todos demuestra un patrón: salvo Castro, llegaron al poder por elecciones democráticas, desmantelaron la democracia y terminaron en prisión, bajo asedio judicial o huyendo de sus naciones.

La historia no se repite, pero alecciona.