Grupo Trafalgar concretó la compra y toma de control de Tenedora CI, la casa de bolsa vinculada a CIBanco, a pesar de la resolución judicial que prohibía expresamente vender, ceder, transmitir o desincorporar la participación accionaria.

La operación, aprobada por la CNBV el pasado 29 de abril, se consumó mediante un esquema de capitalización por 115,090 millones de pesos, aprobado en la asamblea del 26 de junio, que diluye al 50% la participación de Tenedora CI y deja a ambas partes como socias.

Una historia que se remonta a la acción de la red FinCEN del Departamento del Tesoro de EU contra CIBanco, el 25 de junio de 2025. En octubre, el Diario Oficial publicó la revocación de su autorización y el banco entró en liquidación.

Un juez civil de la CDMX ordenó lo evidente: que nadie vendiera ni dispusiera de las acciones de CI Casa de Bolsa mientras se resolvía el pleito. Esa orden fue notificada a la CNBV el 9 de diciembre de 2025 y otra vez el 27 de abril de 2026. La CNBV sabía.

Dos días después de esa segunda notificación —el 29 de abril de 2026—, la CNBV autorizó al Grupo Trafalgar a quedarse con la casa de bolsa. El desenlace llegó por la vía notarial: el 25 de junio de 2026, mediante el instrumento 223,823 ante el Notario 121, se otorgó a Trafalgar Internacional un poder con facultades de dominio.

Los registros públicos corroboran que en ambas sociedades José Porfirio Sánchez-Talavera Beiles detenta 97% de sus acciones. Según la SEC, en junio de 2026 fue nombrado presidente y director de una empresa del sector cannabis en EU.

Nada de eso es delito. Pero, ¿y la debida diligencia?

Distintas versiones periodísticas vinculan a Trafalgar con Finsus, sofipo digital con 750,000 usuarios, ligada por lazos familiares al entorno de CIBanco. Además, activos valuados en 2,009 millones de pesos fueron cedidos por apenas 50,000 pesos, sin pasar por la asamblea de accionistas.

Los consejeros de Tenedora CI fueron removidos. El 19 de junio de 2026, un juzgado de distrito en Jalisco dio trámite a un amparo (850/2026) para resolver la disputa por el control corporativo. El 22 de junio se negó la suspensión provisional, el 29 se declaró infundada la queja y finalmente se negó la suspensión definitiva.