En el foro “Una aproximación multidisciplinaria al fracturamiento hidráulico”, convocado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), especialistas de la academia, la industria y organizaciones de la sociedad civil discutieron los retos, oportunidades e implicaciones económicas, ambientales y regulatorias del desarrollo del fracking en México.

El exdirector de Pemex Exploración y Producción, José Antonio Escalera Alcocer, sostuvo que el país tiene potencial y necesidad de explotar yacimientos no convencionales de gas y aceite lutita para fortalecer la seguridad energética y atraer inversiones. Advirtió que la dependencia de importaciones de gas desde Estados Unidos representa un riesgo y planteó asociaciones entre Pemex y empresas privadas para impulsar proyectos sustentables.

Por su parte, Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM, señaló que antes de una explotación masiva se requiere mayor información geológica e hidrogeológica, además de un marco regulatorio más sólido y supervisión independiente. Propuso alternativas como energías renovables y políticas de eficiencia energética para reducir la dependencia del gas.

La representante del Natural Resource Governance Institute (NRGI), Talía Contreras, enfatizó que el debate debe centrarse en definir el problema energético que México busca resolver. Explicó que la infraestructura y planeación nacional están construidas alrededor del gas natural, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema. Llamó a evaluar riesgos económicos y climáticos con visión de largo plazo.

Desde la industria, Alfonso Reyes Pimentel, de la MEXHI, presentó una propuesta técnica y regulatoria basada en tres ejes: competitividad con un régimen fiscal flexible, un esquema regulatorio integral y coordinación social y ambiental para garantizar certeza jurídica y protección comunitaria. “Estos foros no son para romper, son para construir”, afirmó.

Finalmente, la académica de la UNAM, Genoveva Roldán Dávila, advirtió que una expansión del fracking implicaría inversiones de entre 22 mil y 42 mil millones de dólares, además de personal altamente capacitado y supervisión permanente. Subrayó que, si se recurre a capital extranjero, debe sujetarse a reglas claras y estrictas para equilibrar la rentabilidad privada con el interés público.