La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó que las personas con discapacidad tienen derecho a participar, mediante una consulta previa, estrecha y activa, en la elaboración de leyes que incidan en sus derechos. El Pleno declaró la invalidez de artículos de la legislación de Tamaulipas que reservaban empleos públicos municipales para este sector, al no haberse realizado la consulta correspondiente. Se otorgó un plazo de 12 meses al Congreso local para reponer el procedimiento legislativo.

Asimismo, la Corte invalidó de manera inmediata la exigencia de contar con una “certificación de competencias” para acceder a esos empleos, al considerarla una medida discriminatoria.

Acción de Inconstitucionalidad 104/2022. Resuelta en sesión de Pleno el 18 de agosto de 2026.

En otro asunto, el Máximo Tribunal resolvió que la autoadscripción indígena es suficiente para activar medidas que garanticen el acceso efectivo a la justicia, sin necesidad de pruebas adicionales. El caso se originó en un juicio mercantil contra una mujer zapoteca de Juchitán, Oaxaca, quien promovió amparo al señalar que no contó con intérprete ni defensa especializada.

La SCJN revocó la sentencia y ordenó al tribunal colegiado analizar el asunto desde una perspectiva de género, diversidad cultural e interseccionalidad, para determinar si la falta de medidas afectó su derecho de defensa adecuada.

Amparo Directo en Revisión 2491/2026. Resuelto en sesión de Pleno el 18 de agosto de 2026.