La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (LGDPIyA) se perfila como el instrumento más importante en materia de comunidades originarias en la historia de México independiente, afirmó María Teresa Sánchez Salazar, directora del Instituto de Geografía de la UNAM. Subrayó que la norma aborda un rubro de prioridad nacional: el patrimonio cultural.

La legislación reglamenta la reforma al Artículo 2º Constitucional de 2024 e incluye el reconocimiento jurídico de los pueblos, su autonomía, reglas claras sobre la consulta previa y un capítulo específico sobre patrimonio cultural. En el foro académico Patrimonio indígena: lo que la consulta no pregunta, especialistas y representantes comunitarios analizaron sus alcances.

El investigador posdoctoral Víctor Francisco Martínez González Robles destacó que se trata del cuerpo legislativo más detallado desde las Leyes de Indias del siglo XVI, con 453 artículos y 11 transitorios. “Estamos en el umbral de un momento histórico para el país”, dijo, al recordar que México cuenta con 68 pueblos indígenas, más de 16,700 comunidades indígenas y afromexicanas, 39 millones de personas que se identifican como indígenas y 2.6 millones como afrodescendientes.

Martínez González explicó que, aunque la iniciativa otorga un papel central al patrimonio cultural, el Estado conserva la facultad de catalogar y registrar los sitios sagrados, lo que implica que el consentimiento indígena es necesario pero no equivale a un veto.

Por su parte, el investigador posdoctoral Erik David García González advirtió que, pese a que la ley reconoce personalidad jurídica a los pueblos como sujetos de derecho público, en la práctica el turismo masivo suele transformar ceremonias sagradas y festividades comunitarias en espectáculos vendibles.

La discusión académica coincidió en que la LGDPIyA representa un avance significativo, pero requiere vigilancia y análisis crítico para garantizar que los derechos culturales y colectivos se ejerzan plenamente.